El subdirector de Antimaras y Pandillas (DIPAMPCO), Eduardo Lanza, pidió a los diputados una reforma para castigar la extorsión, porque la legislación atrasa los casos e impide comprobar ese delito.

El subcomisionado de policía propuso a los congresistas cambiar la figura actual haciendo que la víctima sea el Estado y no la persona afectada, como sucede en los delitos de portación ilegal de armas y narcotráfico.

Detalló que el caso de la portación, el delito que se invoca es la seguridad del Estado y en narcotráfico, daño a la salud pública, dejando que la carga procesal corra por cuenta de la Policía y que el imputado demuestre su inocencia.

De este modo, es más fácil judicializar los casos, todo lo contrario en el delito de extorsión, ya que primeramente la víctima no quiere denunciar a nadie por temor a que lo maten y para los investigadores resulta más difícil comprobarlo.

Una vez la reforma, agregó Lanza, bastaría una llamada, un recibo, un chip, una grabación, el dinero mismo, como pruebas para llevar a los juzgados a los extorsionadores.

A la par, propuso también incautarle sus bienes ya que de nada sirve encerrarlos en la cárcel si sus socios o familiares siguen operando en libertad con ese mismo dinero de la extorsión.

Las reformas implicarían también controlar la venta de números telefónicos y las billeteras electrónicas, como herramientas claves de los delincuentes para hacer los cobros y las transferencias del dinero de la extorsión.

Lanza dijo que propuso esta reforma desde julio del año pasado, pero nadie la ha tomado en cuenta. “Tenemos más de mil personas detenidas por extorsión, pero es complicado probarles el delito, siguen operando porque sus bienes están libres, la lucha es desigual”, agregó el jefe policial.

Cortesía: La Tribuna