Tegucigalpa.- Gerardo Aguilar, dirigente del transporte en Honduras, en una entrevista para Radio Globo, hizo fuertes declaraciones respecto al creciente flagelo de la extorsión que afecta a los conductores del transporte público en el país centroamericano. Aguilar denunció un aumento significativo en las demandas de «aguinaldos» por parte de grupos delincuenciales, que han llegado a incrementarse hasta un 60% en comparación con años anteriores.

Según Aguilar, los conductores del transporte público son víctimas de extorsiones que alcanzan hasta 5,000 lempiras por unidad en diversas rutas. Este fenómeno, que se ha convertido en una triste costumbre, no solo afecta durante las épocas navideñas, sino que se extiende a eventos como Semana Santa e incluso feriados morazánicos.

El dirigente del transporte expresó su preocupación por la impunidad que rodea estos crímenes, señalando que, a pesar de los años de sufrimiento, ninguno de los casos ha sido judicializado. Aguilar instó a las autoridades a enfocar su atención en el transporte público, destacando la falta de acción en los crímenes relacionados, incluyendo atentados, asesinatos y destrucción de unidades.

Aguilar cuestionó las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, que indican una reducción de las extorsiones. Para él, la realidad es diferente, ya que el delito ha empeorado con el tiempo. El dirigente del transporte destacó la necesidad de que las autoridades actúen con la misma determinación mostrada en la persecución de criminales de cuello blanco, solicitando fiscales especiales y jueces especializados en extorsión, como lo establece la ley de transporte.

El dirigente del transporte llamó la atención sobre la falta de acción legislativa, argumentando que el Congreso Nacional está paralizado, pero insistió en que existen suficientes instrumentos jurídicos para hacer frente a la situación. Hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan este problema que afecta no solo a los autobuses, sino también a taxis, mototaxis y pequeños negocios.

Aguilar concluyó su intervención pidiendo el apoyo de las autoridades y denunciando la ineficacia del sistema judicial, que permite que los delincuentes queden impunes. La extorsión, según él, no solo representa una amenaza para el transporte urbano, sino que ha cobrado la vida de más de 60 ciudadanos, exigiendo medidas inmediatas para poner fin a esta situación alarmante.