Tegucigalpa, Honduras – La noche del miércoles marcó un hito en el proceso judicial que sigue a tres notarios acusados de diversos delitos de falsificación de documentos públicos en el juzgado de criminalidad organizada con sede en Tegucigalpa. La audiencia inicial, que ha mantenido en vilo a la opinión pública, reveló detalles inquietantes sobre la presunta participación de los notarios en la obtención fraudulenta de indemnizaciones relacionadas con el trágico incendio en la cárcel de San Pedro Sula en 2014.

Según las acusaciones presentadas, las firmas de Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco aparecen en documentos utilizados para reclamar indemnizaciones que superan los 300 mil lempiras por cada recluso fallecido en el mencionado incidente carcelario. Lo más alarmante es que estas transacciones se llevaron a cabo sin la debida autorización de los familiares de las víctimas, arrojando sombras de sospecha sobre la legitimidad de los procesos legales.

El incendio en la cárcel de San Pedro Sula en 2014 fue un suceso trágico que conmocionó a la sociedad hondureña, cobrando la vida de varios reclusos. Ahora, el caso toma un giro impactante al revelarse presuntas prácticas fraudulentas en las solicitudes de indemnización relacionadas con ese evento.

La resolución para los acusados, Carbajal Rivas, Santos Martínez y Sanabria Polanco, está programada para el próximo 18 de enero. La atención pública se centra en el desenlace de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la percepción de la justicia en Honduras.