Según proyecciones, alrededor de cinco mil pequeños y medianos negocios podrían enfrentar la desaparición o migración hacia la economía informal si el proyecto para eliminar los incentivos fiscales se implementa sin ajustes o reformas sugeridas por diferentes sectores.

Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y representantes del sector emprendedor señalan que las mipymes atraviesan una situación difícil debido a los altos costos de producción y las pesadas obligaciones tributarias que deben afrontar.

Estas unidades productivas también enfrentan una carga social considerable, que incluye facturas elevadas de energía eléctrica y el pago de salarios mínimos más altos que en otros países de Centroamérica.

Uno de los puntos de preocupación de varios sectores es que la Ley de Justicia Tributaria podría acelerar la desaparición de las pymes si no se evalúan adecuadamente sus efectos.

La nueva legislación invalida ciertos regímenes fiscales y establece otros dos, cuyas implicaciones aún no han sido debidamente explicadas, según expertos en temas fiscales y tributarios, más allá de la socialización del proyecto a cargo de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional.

El sector de las pymes fue uno de los más afectados por la emergencia sanitaria y los huracanes Eta y Iota en 2020.

Como resultado de estas adversidades, al menos 400,000 pymes tuvieron que cerrar sus operaciones. Algunas no pudieron mantenerse a flote, otras migraron hacia diferentes sectores y muy pocas lograron encontrar opciones para su recuperación en los años siguientes.

Estudios que han evaluado el impacto de la pandemia y los desastres naturales en los emprendimientos indican que se perdieron o suspendieron alrededor de 700,000 empleos, ya que miles de empresas de la economía formal sucumbieron.

Datos procesados por la Federación Hondureña de las mipymes revelan que el 75% de los empleos en el país (siete de cada diez) son generados por pequeñas y medianas empresas.

Esto significa que alrededor de un millón y medio de personas encuentran empleo en micro, pequeños y medianos negocios, pero se estima que menos de medio millón recibe el salario mínimo debido a la incapacidad de los empleadores para cumplir con esta obligación.

Aún queda pendiente para las autoridades gubernamentales la construcción de una política que incentive la creación, desarrollo y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía.

La Ley de Justicia Tributaria es vista con incertidumbre debido a sus potenciales efectos sobre un sector que, en el caso de las pymes, impulsa la economía y es la principal fuente de generación de empleo en Honduras.