Tegucigalpa.  A más de un mes de la fecha límite, los congresistas hondureños aún no han llegado a un consenso para designar a las nuevas autoridades del Ministerio Público. En medio de esta prolongada espera, el sector privado ha expresado su preocupación y al mismo tiempo cuestiona  la falta de atención a los problemas nacionales más apremiantes.

El vicepresidente del Consejo Económico y Social, Juan Carlos Sikaffy, ha señalado que la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto no ha tenido un impacto palpable en la vida cotidiana de los hondureños durante los últimos años. Para la mayoría de la población, lo que realmente importa son cuestiones como el costo de la canasta básica, la seguridad y las oportunidades laborales.

Sikaffy enfatizó que los ciudadanos están más preocupados por generar ingresos para mantener a sus familias y asegurar el futuro de sus hijos que por los asuntos legislativos del Congreso Nacional.

La canasta básica, la inseguridad y las oportunidades de empleo son temas cruciales que el Congreso debe abordar con prioridad para combatir las cifras negativas que afectan a la población hondureña. Los precios en constante aumento son una carga adicional para los ciudadanos.

Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha manifestado su preocupación por los indicadores de crecimiento económico en Honduras, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sitúan en un modesto 2.9%, insuficiente para generar empleos significativos.

Kaffati instó al Gobierno a entablar un diálogo para impulsar oportunidades de empleo y crecimiento económico en beneficio de los hondureños.

Múltiples informes de organizaciones como la CEPAL, ASJ, BID, Banco Mundial y el FMI han puesto en tela de juicio el desempeño económico de la región de América, sin importar el país específico. Para Honduras, el desafío radica en crear empleos, mejorar la seguridad y las políticas, y reducir la pobreza en más del 50%.

A pesar de que el plazo para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público expiró el 31 de agosto, la falta de acuerdo entre los legisladores ha llevado a una espera prolongada que ha dejado a muchos hondureños preocupados por la falta de enfoque en los problemas cruciales del país.