Tegucigalpa.- El abogado Joaquín Mejía Rivera, reconocido profesional del derecho y doctor en derechos humanos, fue entrevistado este miércoles en Radio América, donde amplió su argumento sobre las preocupaciones que surgen en relación con la polémica generada en torno a la secretividad en las negociaciones para la implementación de la Comisión Internacional de lucha contra la corrupción (CICIH), una propuesta de campaña de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.

Mejía Rivera destacó la importancia de la transparencia en una sociedad democrática y el principio de máxima divulgación de la información en manos del Estado. En sus declaraciones, el abogado elogió la altura con la que el Canciller de la República ha manejado el tema en medio de la polarización social.

Sin embargo, manifestó su preocupación por el decreto emitido por la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que establece la reserva de información derivada de procesos formales de negociaciones por un período de diez años. Según Mejía Rivera, este decreto es problemático, ya que no proporciona razones sólidas que respalden la necesidad de mantener esta información en secreto.

Enfatizó que el Estado tiene la carga de la prueba para justificar cualquier excepción a este principio, demostrando que la divulgación de la información declarada reservada podría causar un perjuicio nacional sustancial.

Mejía Rivera argumentó que el decreto en cuestión va en contra del principio de máxima divulgación y establece una especie de «ley de secretos oficiales» en el marco de las negociaciones internacionales. Además, señaló que este tipo de medidas limitan la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

En este sentido, el Canciller de la República. Enrique Reina, según lo informado, respondió a las críticas con altura, argumentando que la reserva en las negociaciones internacionales es una práctica común, y que una vez acordadas y firmadas, dichas negociaciones se hacen públicas de manera transparente.

Ante esta respuesta, el abogado también expresó su deseo de ver documentos que respalden la afirmación de que Naciones Unidas solicitó la reserva de la información, ya que el decreto no proporciona evidencia clara al respecto.

El abogado Joaquín Mejía Rivera instó a que se respete el principio de máxima divulgación en las acciones del gobierno, especialmente en asuntos tan importantes como la lucha contra la corrupción, y que se brinden explicaciones claras y justificaciones sólidas para cualquier decisión que limite el acceso a la información pública.