Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha reiterado su llamado a las autoridades hondureñas para que investiguen a fondo la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, donde 46 mujeres perdieron la vida hace seis meses. Este caso, que ha sumido al país en la conmoción, permanece en la impunidad.

El director del despacho del Conadeh, Ricardo López, recordó que han solicitado un informe sobre el avance de la investigación a la Secretaría de Seguridad. A pesar de las declaraciones del Fiscal del Ministerio Público, Roberto Blen, sobre la complejidad de identificar a los responsables, el Conadeh insiste en la necesidad de una investigación profunda y sanciones conforme a la ley.

«El Estado tiene la responsabilidad de aclarar, de investigar a profundidad quiénes fueron las personas que cometieron ese ilícito y sancionarlas como la Ley lo manda», expresó López, subrayando que estos crímenes no solo afectan a las víctimas directas sino también a sus familias.

López enfatizó que es crucial evitar que tragedias como esta sigan afectando a la población hondureña y destacó la necesidad de que este evento sirva como ejemplo para prevenir futuras situaciones similares.

En noviembre de 2023, el Conadeh expresó preocupación por información proporcionada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva sobre la muerte de 46 mujeres en la PNFAS en junio pasado. La viceministra mencionó que casquillos de balas tenían grabado «IMI-PN», vinculado a la Industria Militar Israelí asignada a la Policía Nacional de Honduras.

El Conadeh sugiere que estas declaraciones podrían interpretarse como una aceptación tácita del Estado respecto a la participación de agentes en potenciales ejecuciones extrajudiciales. El Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, Roberto Blen, reconoció la tragedia nacional y reveló que la munición hallada era exclusiva de la Policía Nacional.

Blen cuestionó la irresponsabilidad al permitir armas y municiones en el centro penal, exponiendo la fragilidad del sistema. Señaló la falta de monitoreo efectivo debido a la carencia de personal y la vulnerabilidad del sistema de cámaras.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tenía previsto presentar el proceso criminal a finales de 2023. Blen, sin embargo, adelantó que presentarán el caso ante los tribunales cuando esté listo. Destacó la diversidad de roles de los involucrados y la necesidad de impartir justicia conforme a su responsabilidad.