Tegucigalpa. La novela sobre la elección del nuevo fiscal no termina y  esta vez tiene como protagonistas a Daniel Sibrián,  fiscal adjunto de Honduras y Edmundo Orellana, exsecretario de transparencia quien hizo un análisis sobre  la vigencia de la investidura de altos funcionarios. La discusión se centra en el limbo legal que rodea  el proceso de escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público con importantes implicaciones legales y políticas.

El exsecretario de Transparencia señala que si se considera que la investidura del exfiscal general ya ha caducado, lo mismo debería aplicarse a la del fiscal general adjunto. «Si comparte la tesis de que ya caducó la investidura de Oscar Chinchilla, debe aceptar que también caducó la del Adjunto, por lo que tendrá que acusar a este (Sibrián) por seguir ejerciendo el cargo ilegalmente», expresó.

Asimismo, Orellana da entender que Daniel Sibrián  está entre la espada y la pared, ya que si asume como titular del Ministerio Público hasta que el Congreso Nacional  nombre a las nuevas autoridades, «debe acusar a  Oscar Chinchilla por abandonar su cargo, de lo contrario Sibrián  incurre en responsabilidad penal por omisión», agregó.

Sin embargo, el fiscal adjunto Daniel Sibrián, argumenta que su investidura aún es válida, ya que presentó una «renuncia condicionada» ante el Congreso Nacional, buscando aclarar la aplicabilidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Este artículo establece que los funcionarios permanecerán en sus puestos hasta que se elija a sus sucesores.

La controversia se intensifica con la pregunta de si otros funcionarios, como los magistrados que ejercieron sus cargos después de que concluyera su periodo, también deberían ser acusados por ejercer ilegalmente. El exsecretario de Transparencia sostiene que esto debe analizarse en base a la misma lógica, argumentando que «si argumenta que no puede dejar su cargo porque eso constituiría un delito, debe admitir que su exjefe, al abandonar el suyo, incurrió en responsabilidad».

Hasta el momento, el Congreso Nacional de Honduras no ha logrado designar un nuevo fiscal general, ni un fiscal general adjunto para el período 2023-2028. Después de cuatro intentos fallidos, aún no se ha alcanzado el mínimo de 86 votos requeridos para considerar y votar una moción al respecto.