Son seis ciudadanos garífunas que habían resultado detenidos este lunes tras el desalojo producido en la comunidad de Punta Gorda, municipio de Santos Guardiola, isla de Roatán, por lo que los ahora encausados se defenderán en libertad.

Esa es la decisión que tomó un juez, luego de comparecer en audiencia de imputados, el juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad, confirmó el dirigente de la comunidad garífuna en Punta Gorda, Máximo Castro Molina, quien solamente estaba a la espera del documento que oficialice la resolución judicial.

“Se les pone la medida de no salir del país, eso significa que ellos no podrán hacer su trabajo, no podrán alimentar a sus familias porque son personas que trabajan fuera del país, trabajan embarcados, salen a cada rato”.

“Entonces no pueden ponerles una media que les impida trabajar porque no van a poder dar de comer a sus hijos, entonces que el Estado los mantenga”, expresó Castro.

El lunes de esta semana se ejecutaron agresiones y las detenciones de seis integrantes de la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía en el marco de un desalojo forzoso ejecutado por fuerzas policiales y militares.

Las medidas cautelares impuestas consisten en: Firmar el libro cada viernes, no acercarse al inmueble en disputa, no salir del país y no comunicarse con la dueña del inmueble.

Los garífunas afirmaron que ellos continuarán en píe de lucha por su territorio y que toda la población está a la espera de una próxima reunión en donde definirán cómo será esa batalla que les espera.

“Vamos para la comunidad, tenemos reunión allí y la comunidad está esperando, allí vamos a definir los lineamientos de lo que sigue después de esta audiencia, declaró el dirigente étnico.

Es de resaltar que este caso que a simple vista puede asomar como uno más en el país. Lo cierto es que puede dejar severas consecuencias por donde se le vea.

“Es obligación del Estado reconocer el territorio ancestral de la comunidad, porque eso es lo que le ha mandado la Corte. Tenemos cinco casos, dos sentencias y la jurisprudencia establece que tiene que sanear las comunidades garífunas, es decir, trazar los límites establecidos por la comunidad”,  además no violentar los derechos de esta comunidad, expresó.