Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se encuentra nuevamente en el centro de la atención, realizando una operación de intervención y secuestro de documentos en la municipalidad de La Lima, ubicada en el departamento de Cortés. Según informes preliminares, esta acción está relacionada con una denuncia de presunto acto de corrupción que podría haber causado un perjuicio económico estimado en 8.5 millones de lempiras para la alcaldía.

El alcalde de La Lima, Santos Laínez, se encuentra en medio de un proceso de investigación en relación con esta denuncia. Ante la situación, el edil declaró: «Estamos tranquilos porque la inversión allí está y el que la quiera ir a ver que vaya». Laínez también sugiere que estas acusaciones provienen de personas que buscan perjudicarlo, señalando retrasos en el pago de salarios como posible motivo.

El alcalde reafirma su inocencia y enfatiza que las puertas de la municipalidad están abiertas para proporcionar cualquier información necesaria en el marco de la investigación.

«Tormenta» en alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara

En paralelo, la ATIC continúa con la Operación Tormenta en la alcaldía municipal de San Marcos, Santa Bárbara, que se encuentra en su tercer día. Esta operación, dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC, se centra en la inspección y el decomiso de documentos relacionados con presuntos contratos suscritos por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana con la estructura criminal conocida como «Pedrito o Pelón» y posibles vínculos con su familia.

La investigación de la Operación Tormenta está relacionada con el delito de lavado de activos y busca documentos vinculados a proyectos de construcción, mejoras de calles y arrendamiento de vehículos que pertenecían al exalcalde. Hasta ahora, se han practicado 15 allanamientos y se han incautado 46 bienes de origen ilícito, incluyendo bienes muebles e inmuebles, vehículos y sociedades mercantiles, todo vinculado al exalcalde conocido como «El Patrón».

Todas las posesiones adquiridas en un periodo de dos años (2020-2022) derivado de actividades ilícitas relacionadas al tráfico de drogas, tráfico de personas y de asesinatos (sicariato); y con fuertes nexos con socios de los hermanos Rivera Maradiaga y de la mara salvatrucha MS-13.

Estas investigaciones representan un esfuerzo continuo para combatir la corrupción y la actividad criminal en el ámbito municipal en Honduras, y se espera que se arroje luz sobre los casos en los próximos días.