Tegucigalpa. A pesar de las afirmaciones del vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, sobre los «bastantes acuerdos» alcanzados para los nombramientos de segundo grado en instituciones estatales, la realidad presenta un panorama más sombrío.

A casi un mes del inicio de la tercera legislatura, los nombramientos pendientes en entidades cruciales como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia (UPL) siguen en el limbo.

El respaldo declarado del Partido Libertad y Refundación (Libre) al abogado Johel Zelaya como fiscal general parece más una estrategia política que una muestra genuina de compromiso con la justicia y la transparencia.

En un contexto donde la corrupción y la impunidad han minado la confianza en las instituciones, la designación de líderes idóneos es una necesidad apremiante.

El conflicto en el poder judicial, particularmente la posible destitución de la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), refleja las profundas divisiones políticas que obstaculizan el funcionamiento efectivo de las instituciones en Honduras. Mientras el Congreso Nacional se enreda en negociaciones internas y disputas partidistas, el pueblo hondureño sigue esperando respuestas concretas y acciones decisivas para enfrentar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho.

En medio de este estancamiento político, la ciudadanía enfrenta los efectos devastadores de la corrupción y la falta de transparencia en el sistema judicial y otras instituciones clave.

Es hora de que los líderes políticos dejen de lado sus intereses partidistas y prioricen el bienestar y la justicia para todos los hondureños. La falta de avances significativos en los nombramientos clave es una señal preocupante de la debilidad del sistema político para abordar los desafíos urgentes que enfrenta el país.