Tegucigalpa. La Directora de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), Lizeth Coello, informó que en los últimos 22 meses se ha logrado la adopción de 85 niños en Honduras, equivalente a un promedio de cuatro menores mensualmente y uno por semana.

Coello destacó que, aunque se ha avanzado significativamente en el proceso de adopciones, los niños con discapacidad aún enfrentan dificultades para encontrar hogares adoptivos. En respuesta, se están desarrollando programas específicos para incluir a estos niños en el proceso de adopción.

La directora subrayó el compromiso de realizar cada proceso de adopción de manera transparente, buscando acelerar los procedimientos que anteriormente eran criticados por su duración. En este sentido, se ha fortalecido el equipo técnico con abogados especializados en la ley de adopciones, agilizando casos rezagados.

En cuanto a las adopciones realizadas durante su gestión iniciada en junio de 2023 Coello detalló que se han otorgado 20 adopciones en este periodo de tiempo. La mitad de estas adopciones corresponden a niños y la otra mitad a niñas, priorizando la adopción por parejas.

La directora indicó que la mayoría de las adopciones se han llevado a cabo por familias hondureñas, aunque también se han registrado adopciones de familias provenientes de Estados Unidos, Canadá y España.

Coello recordó a las familias o parejas interesadas en adoptar que deben llenar una solicitud y un formulario, proporcionando información detallada sobre su situación económica, razones para adoptar, condiciones psicológicas, estudio socioeconómico y referencias de al menos tres organizaciones públicas. Los requisitos incluyen un rango de edad de 25 a 60 años, entre otros.

Enfatizó que los interesados no eligen a los niños, ya que estos comprenden edades desde meses hasta 18 años. Coello lamentó que, aunque hay niños con discapacidades en procesos de adopción, a menudo no son los preferidos por las familias adoptivas.

La directora concluyó destacando que se trata de vidas de niños que han perdido su primer núcleo de protección, y es responsabilidad del Estado garantizar su representación legal y buscarles un hogar seguro.