TEGUCIGALPA. - El Ministerio Público interpuso un recurso de amparo contra la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto al caso de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien abandonó anoche la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El MP denunció que el fiscal personado de la Fiscalía de Impugnaciones se opuso a la solicitud de arresto domiciliario a favor de la exprimera dama, pero no se le tomó consideración y acto seguido presentó recurso de reposición.

"Sala Penal de la CSJ declaró "con lugar" solicitud de arresto domiciliario a favor de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, a lo que se opuso el fiscal personado de la Fiscalía de Impugnaciones, pero no se le tomó en consideración; acto seguido, presentó recurso de reposición", escribió en Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, cuestionó el cambio de medidas de la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

"Sin la comparecencia de Fiscales de la UFERCO, asistiendo Fiscales de otra Unidad, Sala de lo Penal de la CSJ cambia prisión por medida cautelar de arresto domiciliario a Rosa Elena Bonilla. En Honduras, único país, donde los condenados pagan su pena en el batallón o en su casa", lamentó.

Anoche, Bonilla quién permanecía en prisión luego de ser condenada en 2022 a más de 14 años por delitos de corrupción, dejó PNFAS luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le cambiara las medidas.

"Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con base al informe oficial del Departamento de Clínica Forense de la Dirección de Medicina Forense resolvió modificar la prisión preventiva a la ex primera Dama Rosa Bonilla de Lobo por arresto domiciliario dada su condición actual de salud", indicó el Supremo en un mensaje en Twitter.

Los jueces de la Sala Penal ordenaron que Bonilla rinda "una caución a favor del Estado por un monto de 13 millones de lempiras (529.533 dólares), más la prohibición de salir del país, fijar su domicilio en territorio nacional y no comunicarse con vinculados al proceso".