CHOLUTECA. – En un giro inesperado, la jueza del Juzgado de Ejecución de Choluteca, Melissa Auxiliadora Ponce, decidió abstenerse de aplicar el decreto de amnistía en favor de dos defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande. En lugar de ello, remitió el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para una consulta y posible revisión.

Los defensores Santos Hernández y Abel Pérez, representados por el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y la Red de Abogadas del sur, habían solicitado al Tribunal de Ejecución la realización de una audiencia Ad-hoc para la aplicación del decreto de amnistía en su caso. Dicha audiencia tuvo lugar el 11 de agosto.

No obstante, en el día de hoy, la jueza emitió su resolución en la que se abstiene de aplicar el decreto de amnistía 004-22. Esta ley fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 4 de febrero de 2022.
Ahora que la jueza decidió remitir el expediente judicial a la Sala de lo Constitucional, será esta instancia que se pronuncie.

Abel y Santos, defensores de la península de Zacate Grande, fueron condenados previamente a dos años de prisión por los delitos de usurpación y amenazas en prejuicio de Jorge Luis Cassis Leyva. A pesar de que estos delitos están contemplados en el catálogo de delitos del decreto de Amnistía, la jueza ha determinado que la aplicación no es inmediata y ha optado por someter la decisión a una revisión constitucional, denuncian otros defensores.

En respuesta a esta resolución, la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, manifestó su desacuerdo. "No compartimos esta resolución, ya que el decreto de Amnistía establece claramente la obligación de los jueces y magistrados de aplicarlo de manera inmediata", expresó. La abogada enfatizó que lo procedente era la aplicación del decreto de Amnistía, lo que habría resultado en la extinción de la acción penal y la liberación inmediata de los defensores.

El caso ahora está en manos de la Sala de lo Constitucional, que tendrá la responsabilidad de determinar la resolución de esta solicitud. Mientras tanto, Abel y Santos permanecerán privados de su libertad en el Centro Penal de Nacaome, Valle.

La procuradora de los derechos humanos del COFADEH concluyó expresando la preocupación por la prolongación de una pena privativa de libertad que considera injusta, esperando que la Sala de lo Constitucional brinde una respuesta pronto.