Tegucigalpa. El abogado Leonel Núñez  durante su participación en el programa «En La Mira» con el periodista Carlos Martínez, discutió a fondo las preocupantes demoras en el proceso de demandas laborales en Honduras. Este tema, de interés nacional, ha dejado en evidencia la necesidad de una pronta intervención por parte de las autoridades judiciales.

El Engorroso proceso y colapso en el Sistema Judicial

Núñez expuso que los empleados tienen un plazo de dos meses para presentar una demanda y reclamar el pago de prestaciones. De lo contrario, pueden perder derechos fundamentales. El proceso, teóricamente, debería completarse en 18 meses según el Código del Trabajo; sin embargo, casos de hasta 10 años demuestran una realidad diferente.

Señaló que la sobrecarga en el sistema judicial es evidente en Tegucigalpa, donde seis jueces de letras enfrentan la abrumadora cantidad de más de 1,300 demandas en un solo mes. Esta situación resulta insostenible, con un promedio de 266 demandas por juez y la Corte Suprema de Justicia trabajando solo 190 días al año.

«Actualmente están dando fecha para audiencias de conciliación en el 2025. Yo tengo audiencia para el 2024, una en abril y otra noviembre es algo increíble, ya que no se sabe si habrá chance de llegar aquel año, porque está pasando que desgraciadamente se están muriendo los demandantes, las empresas cierran o se mueren los dueños y de nada sirve ganar una demanda laboral, porque después no habrá quien responda «, indicó.

El abogado también expresó que la situación no es exclusiva de Tegucigalpa, ya que en San Pedro Sula se están dando fechas de audiencias de conciliación para el año 2025. Agregó que los Juzgados de Familia van por el mismo camino, porque el 2024 ya lo tienen copado.

Destacó que una demanda de medio millón de lempiras, por la demora en el proceso podría costarle a Honduras hasta cinco o seis millones, luego que a esta se le de trámite.

Negligencia judicial y pandemia como factores agravantes

El profesional del derecho atribuyó parte de la acumulación de casos a la negligencia del Poder Judicial y mencionó que la pandemia empeoró la situación al paralizar los tiempos judiciales.

Además, dijo que la legislación laboral obsoleta que tiene Honduras contribuye a la mora, al utilizar métodos anticuados como notificaciones por tabla en lugar de medios electrónicos.

Propuestas para solucionar la mora judicial 

Ante esta crisis, Núñez propuso la contratación de al menos 30 jueces, así como más abogados, secretarios y estudiantes de Derecho para aliviar la carga. Además, sugirió habilitar sábados y domingos para realizar audiencias y reducir las demoras.

Asimismo, dijo que empezó a pegar un pequeño rótulo donde que exige la contratación de más jueces y empleados en los Juzgados de Letras, Laboral y de Familia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia mandó a una empleada a quitar todos los afiches que había colocado.

«Están  quitándonos el derecho a la protesta a los abogados. Cómo es posible que la Corte sea intolerante con los mismos colegas, yo quiero recordarles a los 15 magistrados que son abogados como yo, que el respeto que merecen ellos lo merezco yo también». añadió.

Millonarias demandas contra el Estado

Núñez resaltó la magnitud de las demandas laborales contra el Estado de Honduras y cuestionó el impacto financiero que esto tiene. Las demoras no solo generan frustración entre los demandantes, sino que también plantean interrogantes sobre la responsabilidad del gobierno.

Manifestó que la  mayoría de demandas son contra el gobierno de Honduras, diferentes secretarías y también hay varias de alcaldías, y al final el dinero que se eroga de esas demandas,  sale del erario público, de los impuestos que paga el pueblo todos los días.

Además, expresó que debería ser un delito despedir a empleados públicos, sin tener el presupuesto para el pago de prestaciones. 

Llamado a la Acción

Núñez finalizó haciendo un llamado a la acción, exigiendo reformas legislativas y la contratación de personal para evitar más retrasos. También expresó su preocupación por la falta de respeto a los tiempos en la Corte Suprema de Justicia y destacó la necesidad de una justicia expedita para garantizar los derechos de los ciudadanos.