En una agitada sesión en el Congreso Nacional (CN) de Honduras, la bancada del Partido Nacional (PN) generó una suspensión del desarrollo de la sesión ordinaria en protesta por no haber sido permitida la intervención del parlamentario nacionalista, Erasmo Portillo.

La polémica surgió debido a que la junta directiva del CN negó el uso de la palabra a Portillo, quien pretendía presentar una moción para derogar el artículo 4, literal A del decreto legislativo 04-2022.

Este artículo contenía la controvertida Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, comúnmente conocida como amnistía política, la cual ha sido tildada por muchos hondureños como el "Pacto de Impunidad".

La amnistía política en cuestión, promulgada mediante el Decreto Legislativo No.4-2022, perdonó a los funcionarios del periodo de Gobierno encabezado por José Manuel Zelaya Rosales por delitos de corrupción.

Según el PN bajo el pretexto de restaurar el Estado de Derecho y evitar la repetición de hechos similares, la ley exoneró de responsabilidad a aquellos procesados y condenados por actos de corrupción durante el mandato de Zelaya, lo que ha generado un intenso debate público.

La sesión parlamentaria del martes se vio interrumpida por la reacción de los congresistas nacionalistas, quienes se levantaron de sus curules a las 5:40 p. m., haciendo sonar silbatos y vuvuzelas como señal de protesta ante lo que consideraron una falta de transparencia y participación en la discusión sobre una cuestión crucial para la sociedad hondureña.

El presidente del CN, Luis Redondo, optó por suspender la sesión en ese momento, y la misma se reanudaría a las 6:30 p. m. Sin embargo, al cierre de esta edición, la sesión aún no había sido reanudada, dejando pendiente la discusión sobre la derogación de la amnistía política.

Esta amnistía, aprobada en febrero de 2022, ha sido objeto de fuertes críticas y debate en el país. Surgió con el propósito de otorgar perdón a las víctimas del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009. Sin embargo, su alcance se ha extendido a exfuncionarios del gobierno de Zelaya, cubriendo delitos que van desde abuso de autoridad hasta malversación de fondos públicos.

Entre los exfuncionarios beneficiados por esta amnistía se encuentran nombres destacados como el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.

El PN, mediante la moción presentada por Erasmo Portillo, busca revocar esta controvertida amnistía y que los órganos judiciales correspondientes anulen todas las liberaciones otorgadas bajo la protección de dicha ley. Aunque la sesión se suspendió temporalmente, el clamor por transparencia y justicia continúa resonando en Honduras, mientras el país aguarda el desenlace de esta importante discusión legislativa.