La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 12 de junio la Resolución de Seguimiento y Levantamiento Parcial 32/2023, en relación a las medidas cautelares 972-2018 otorgadas a Semma Julissa Villanueva Barahona y otros miembros del equipo de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras. Estas medidas se mantienen debido a los hostigamientos y amenazas que habrían enfrentado como resultado de un dictamen relacionado con sus labores.

En la mencionada resolución, la CIDH evaluó la información proporcionada por las partes involucradas, analizó las medidas de protección implementadas por el Estado a favor de las personas beneficiarias y consideró la persistencia de factores de riesgo y desafíos en la aplicación de las medidas vigentes. En este sentido, se concluyó que la situación de riesgo no se ha mitigado hasta la fecha, lo que llevó a la Comisión a decidir mantener y reiterar las medidas cautelares en favor de Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gómez Ramírez y Karla Vanessa Beltrán Cruz, así como sus respectivas familias.

La CIDH hizo varias solicitudes en su resolución: a) pidió a la representación que brinde información actualizada y detallada sobre la situación de riesgo de las personas beneficiarias; b) instó al Estado a realizar una evaluación de riesgo actualizada y adoptar medidas de protección idóneas y efectivas de manera oportuna; c) solicitó al Estado que presente información actualizada y detallada sobre las investigaciones de los hechos reportados; y d) instó a ambas partes a colaborar en las acciones de concertación necesarias para la implementación de las medidas cautelares.

Por otro lado, la CIDH decidió levantar las medidas cautelares otorgadas a Dicciana Noreyda Ferrufino y su familia en Honduras, en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esta decisión se basó en la ausencia de eventos de riesgo reportados contra la beneficiaria en los últimos años, así como en su voluntad y en las acciones tomadas por el Estado durante la implementación de las medidas cautelares.

Cabe recordar que las medidas cautelares fueron otorgadas inicialmente el 12 de agosto de 2018, luego de que la CIDH considerara que Semma Julissa Villanueva Barahona y otras personas se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. En consecuencia, se solicitó a Honduras que adoptara las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal, y que informara sobre las acciones emprendidas para investigar los presuntos hechos que dieron origen a dichas medidas cautelares.

La CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo en esta materia. Está compuesta por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.