La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia en varias ciudades de Honduras, que han dejado al menos 21 personas fallecidas durante la última semana de junio.

Por ello, la CIDH realizó un llamado al Estado a investigar los hechos de manera seria, imparcial y efectiva, a fin de determinar los responsables intelectuales y materiales. Asimismo, instó al Estado a formular una política pública de seguridad ciudadana centrada en la protección de la persona humana.

La CIDH ha advertido que las pandillas o maras constituyen un importante desafío de seguridad y amenaza para la comunidad. En sus informes, la CIDH describe cómo la criminalidad organizada y la violencia asociada a ella presentan nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, en especial de las poblaciones más vulnerables como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y mujeres, cuyas vidas y desarrollos han sido trastornados por el fenómeno delictivo, subraya el escrito.

Destacó que los logros obtenidos se medirían por la protección del derecho a la vida y la notable disminución de la tasa de homicidios. Según lo indicado por el Estado, las medidas enmarcadas en la estrategia de seguridad «Solución contra el Crimen» han contribuido a reducir los índices de criminalidad.

Indicó que las autoridades de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad han informado que, a partir de la implementación de estos operativos se registró una baja de homicidios del 83%. Asimismo, señaló que, como medida preventiva, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) impulsan la capacitación en materia de derechos humanos a sus oficiales.

En sus observaciones preliminares sobre su visita in loco al país, la CIDH recordó el carácter excepcional y temporal de esta medida e instó al Estado a formular una política pública de seguridad de mediano y largo plazo que asegure los enfoques de derechos humanos, género y diferenciados.

En ese sentido, la Comisión reiteró su llamado a que esta medida no forme parte de una política permanente de seguridad. El Estado explicó a la Comisión que el estado de excepción parcial no es una medida que forme parte de una política permanente de seguridad, sino que se trata de una medida temporal que prioriza el bien común y no tiene una afectación en la totalidad de la población hondureña.