El código Penal de reciente vigencia sumó un recurso de inconstitucionalidad más en su contra, ahora de manos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) quien introdujo el oficio ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su apoderado legal, abogado Saúl Bueso.

Al momento de interponer esta acción el profesional del derecho manifestó cuál es la solicitud que plantea C-Libre. “Es la nulidad del Código Penal en virtud de que viola el derecho constitucional, por otro lado, la forma que se aprobó es ilegal”.

A su consideración, el nuevo estamento de reciente vigencia contó con una aprobación ilegal, por lo tanto, tiene un error de origen y debe volver al Congreso Nacional (CN), ya que la CSJ debió dar opinión y la discusión de aprobación no fue sometida a dos debates y no obtuvo los votos necesarios, expresó Bueso.

Por su parte, el coordinador del Área Legal de C-Libre, Mario Rojas, expuso que “el Código Penal entra en vigencia en un contexto de suspensión de garantías, donde se suspenden los plazos para la ciudadanía, para quienes defienden derechos, pero los privados de libertad y con poder, gozan de medidas contrarias a la prisión preventiva”.

El Decreto Legislativo 130-2017, fue publicado en el diario oficial “La Gaceta”, el 10 de mayo de 2019. Desde el mes de noviembre del año en mención, fue sometido a dos prórrogas hasta su puesta en vigencia, el 25 de junio de 2020.

La directora ejecutiva de C-Libre, Amada Ponce, recordó que este Código Penal representa severos retrocesos para la libertad de expresión en Honduras, con la introducción de 20 nuevos delitos que afectan la protesta social, el acceso a la información pública y la investigación periodística.

“Hemos dejado claramente establecida nuestra postura desde que iniciaron las primeras divulgaciones, pese a las pocas rectificaciones, como el artículo 28, sin embargo, hoy por hoy nos encontramos ante la expresión de un poder político que pretende silenciarnos”, manifestó Ponce.