Tegucigalpa. Ante la posibilidad de que suspendan el estado de excepción en Honduras para restituir los derechos suprimidos a la ciudadanía, el sector transporte ha expresado sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias que esto podría tener en la seguridad pública.

El estado de excepción, actualmente vigente hasta el 1 de enero de 2024 después de su última extensión por 45 días, es considerado por los transportistas como una herramienta fundamental en la lucha contra el delito de extorsión, que afecta directamente a su sector.

Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, sostiene que esta medida es la única que medianamente combate este flagelo que tiene de rodillas este rubro.

En contraposición a las recomendaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que sugirió la suspensión del estado de excepción para devolver derechos a la ciudadanía, Cálix enfatiza la necesidad de fortalecer y prolongar esta medida por el tiempo que sea necesario. Argumenta que el estado de excepción es crucial para la seguridad pública y su cancelación podría dejar al sector transporte en manos de los criminales.

La ASJ, por su parte, ha instado a la Secretaría de Seguridad a mejorar e implementar un plan antiextorsión integral, involucrando a diversos sectores como fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil.

A pesar de esta recomendación, la dirigencia del transporte sostiene que la suspensión del estado de excepción podría tener consecuencias graves y exhorta a las autoridades a mantener la medida por el tiempo necesario, incluso considerando su permanencia.