Tegucigalpa. El domingo 18 de febrero se cumplió mes desde que empleados de la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) tomaron las instalaciones en protesta por lo que consideran abusos y maltratos por parte de la ministra en funciones, Natalie Roque. Desde el 18 de enero, más de 40 empleados han denunciado supuestos atropellos y abuso de poder, incluyendo la contratación de familiares y ausencias prolongadas de la ministra.

Las demandas de los empleados, manifestadas en cartas anónimas dirigidas al gobierno, han sido hasta ahora ignoradas, lo que llevó a la toma de las instalaciones. Sin embargo, a lo largo del último mes, la situación se ha vuelto más tensa. La renuncia de los dos viceministros y la división del personal en dos grupos reflejan la profundidad de la crisis.

Recientemente, un intento de conciliación liderado por Tomás Vaquero, secretario de Gobernación y Justicia, parecía ofrecer una solución. Sin embargo, un desacuerdo de último minuto frustró los esfuerzos de resolución. Según Carlos Díaz, portavoz de los empleados en protesta, la ministra Roque envió una lista de requisitos no acordada previamente, lo que socavó el proceso de conciliación.

«El ministro no tiene culpa», dijo Díaz, «pero lamentablemente la ministra mandó unos requisitos que no podemos aceptar». Entre los requisitos se incluía una petición de disculpa pública por parte de los empleados, lo que generó indignación entre ellos.

Además de los desafíos internos, los empleados han denunciado incidentes de intimidación, incluyendo la presencia de vehículos sospechosos y motocicletas durante la madrugada. A pesar de la participación de la Dirección Policial de Investigación (DPI), el director Turcios Andrade afirmó que estas acciones fueron encomendadas por el Ministerio Público.

Por su parte, la ministra Roque ha expresado disposición para el diálogo, pero se ha mantenido firme en su cargo, argumentando que su renuncia no beneficiaría a la secretaría. Mientras tanto, el gobierno parece adoptar un enfoque cauteloso en el manejo de la crisis, y se espera que en los próximos días se anuncien nuevas acciones para abordar la situación.

Esta situación deja en evidencia las tensiones internas y la necesidad de una resolución rápida y equitativa para garantizar el funcionamiento adecuado de la Secretaría de Derechos Humanos y el bienestar de sus empleados.