TEGUCIGALPA.- El Remanente de la Dignidad del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó una denuncia contra Salvador Alejandro César Nasralla Salum, presidente del partido, por su supuesta falta de transparencia en la rendición de cuentas y por violar los derechos de los militantes.

La denuncia fue oficialmente presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y busca que se exijan respuestas y se tomen medidas conforme a la ley.

En un comunicado dirigido a los simpatizantes, afiliados, militantes y a la sociedad hondureña en general, el Remanente de la Dignidad manifestó su preocupación por la falta de transparencia por parte del Nasralla en cuanto a la gestión financiera del partido.

La Ley Electoral en su artículo 120 establece claramente que los partidos políticos deben contar con un órgano financiero que detalle sus funciones, obligaciones y esté sujeto a normas de transparencia y rendición de cuentas. Hasta la fecha, revelan que el PSH no ha cumplido con esta exigencia legal.

Otro punto crucial en la denuncia radica en la supuesta falta de democracia interna en el partido. El Remanente de la Dignidad acusa a Salvador Nasralla de favorecer únicamente a un grupo afín a sus intereses y de discriminar y marginar a quienes discrepan con sus decisiones, violando así el artículo 71 de la misma Ley Electoral, que consigna la igualdad de oportunidades y prohíbe cualquier tipo de discriminación en la participación política.

Ante esta situación, solicita al Consejo Nacional Electoral que exija a Nasralla que realice de manera pública y transparente una rendición de cuentas pronta de las finanzas del Partido Salvador de Honduras.
Esto incluye presentar informes detallados sobre los ingresos y egresos, los montos de dinero percibidos por concepto de deuda política y otros aportes de orden privado, tal y como lo establece la ley.

El partido también insta a que se tomen las medidas legales correspondientes para sancionar al presidente provisional por su falta de transparencia en el manejo de los fondos del PSH y por su conducta antidemocrática al administrar la organización como una propiedad personal en lugar de una institución de carácter público.

La denuncia resalta que estas prácticas violan los principios fundamentales de la democracia y limitan la participación política de los ciudadanos afiliados al PSH, lo que contraviene la Constitución de la República.