Tegucigalpa.- El Partido Salvador de Honduras (PSH) condenó las acciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, quien de acuerdo al comunicado planea acusar criminalmente a las diputadas Iroshka Elvir, Fátima Mena y Suyapa Figueroa por su participación en la sesión extraordinaria del 31 de octubre y 01 de noviembre de 2023.

En un comunicado dirigido al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, el PSH expresó su enérgica condena hacia el plan de Redondo, de acusar a las congresistas de cargos criminales.

El texto también hace referencia a las declaraciones realizadas por el asesor del presidente, René Adán Tomé, quien según el PSH confirmó las intenciones de llevar a cabo estas acusaciones en una entrevista en Radio América.

Además de la condena a estas acciones, el Partido Salvador de Honduras denuncia la persecución contra sus diputados y personal. Informan que sus oficinas fueron desalojadas y que la oficina de la diputada Iroshka Elvir fue encerrada con candados. Además, acusan al personal de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) de agredirlos con objetos contundentes, poniendo en peligro la vida de los miembros de su bancada.

El comunicado destaca que fueron testigos de estos actos de violencia extrema, al igual que los medios de comunicación que estaban presentes. Además, el PSH enfatiza que fueron los primeros en llamar a un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas y especialmente con el presidente del Congreso el 31 de octubre a las 1:00 pm, con el propósito de solicitar la habilitación del periodo de sesiones ordinarias.

Asimismo, rechazan categóricamente la afirmación de Luis Redondo de que su bancada está impulsando un golpe de Estado a través del Congreso Nacional. Recuerdan que fue gracias a su esfuerzo y compromiso que él obtuvo la presidencia, la cual defendieron arriesgando sus vidas.

El Partido Salvador de Honduras concluye su comunicado anunciando que no asistirán a ninguna convocatoria de diálogo por parte del presidente del Congreso hasta que se les garantice públicamente el cese de la persecución política contra sus diputados, la estabilidad laboral de sus colaboradores, el acceso a las instalaciones del Congreso Nacional y, sobre todo, el derecho a la vida que ha estado en riesgo en los últimos días, responsabilizando al presidente dentro del Congreso por esta situación.