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Presidente de la Asociación de Fiscales lamenta elección del Fiscal General Interino

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las controversias que rodearon la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos en Honduras, el presidente de la Asociación de Fiscales, Víctor Marín, expresó su lamento por la forma en que se llevó a cabo este proceso y destacó la necesidad de que los fiscales se mantengan al margen de la política y continúen con su labor en el Ministerio Público (MP).

Marín afirmó que, aunque la elección no fue la esperada, es lo que dicta la clase política del país. Sin embargo, destacó la importancia de que los fiscales se mantengan enfocados en su función, la cual no debe estar relacionada con asuntos políticos.

El presidente de la Asociación de Fiscales enfatizó la importancia de buscar espacios adecuados para continuar con su trabajo, a pesar de las recientes designaciones en las autoridades. Señaló que la labor de los fiscales tiene como objetivo representar a la sociedad y que no deben permitir que los intereses políticos interfieran en su desempeño.

Marín destacó: «Nos desmarcamos de los intereses políticos en el Ministerio Público, nos toca seguir realizando una labor de representación de la sociedad.» A pesar de considerar «lamentable» la forma en que se llevó a cabo la elección del fiscal, instó a los fiscales a continuar trabajando enfocados en su rol y en el cumplimiento de la ley.

El presidente de la Asociación de Fiscales también se refirió al Fiscal Adjunto Daniel Sibrián, destacando que se mantuvo «apegado a la ley» durante su desempeño en el cargo. Expresó su agradecimiento hacia Sibrián y su disposición de protegerlo, si fuese necesario, debido a su compromiso con la legalidad y la normativa vigente.

En cuanto a los desafíos que enfrentan con las nuevas autoridades, Marín subrayó que no es responsabilidad de los fiscales involucrarse en cuestiones políticas, sino más bien buscar la manera adecuada de continuar con su labor en representación de la sociedad. También señaló la necesidad de que los temas de inconstitucionalidad se resuelvan apegados a los procesos legales, a pesar de que este proceso podría llevar tiempo.

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