La presidenta de Honduras, Xiomara Castro condenó hoy martes el asesinato de la fiscal del Ambiente Karen Almendares, quien fue asesinada a balazados en su vivienda en Nacaome, Valle, ademas aseguro que este femicidio no quedara en impunidad.

“Los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal Karen Almendares, no van a quedar en la impunidad. Condenó el crimen” manifestó Castro a través de su cuenta de Twitter.

Sobre el asesinato

Almendares tenía 38 años de edad y fue asesinada el pasado viernes 27 de mayo, por desconocidos en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador.

El crimen fue ejecutado cuando Almendares abrió el portón de su casa, en el barrio El Chagüite, cuando regresaba de un gimnasio.

“Las bandas de sicarios siguen operando y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado” apuntó la presidenta hondureña.

Según las versiones extraoficiales, la fiscal era hermana de un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Acciones del CAH 

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) anunció en la víspera la creación de una comisión especial para investigar los crímenes contra profesionales del derecho.

“Dentro de 30 días se conocerá cuántos de estos casos han sido judicializados y en qué etapas se encuentran; del informe (de la comisión) sacaremos las conclusiones y realizaremos las denuncias correspondientes” manifestó el presidente del CAH, Rafael Canales.

También aseguró que en Honduras no existen garantías de protección para los abogados, ni para los que trabajan en instituciones operadoras de justicia.

“Si no se encuentran responsables van a seguir asesinando a colegas, por lo que el Colegio de Abogados debe sentar un precedente, brindar un informe y poner las denuncias respectivas a lo interno del país y si no miramos respuesta llevaremos denuncias a nivel internacional de lo que está pasando con los abogados” explicó Canales.

El abogado denunció que el Mecanismo de Protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia “no cuenta con suficiente presupuesto”, tampoco “da resultados contundentes” y los trámites para solicitar protección son “engorrosos”.