En un comunicado público, las 55 organizaciones que conforman la Coalición Contra la Impunidad (CCI), expresaron su preocupación con respecto a la elección del fiscal general y el fiscal adjunto del Ministerio Público (MP).

"Recordamos que el Ministerio Público viene arrastrando una situación de inconstitucionalidad permanente desde que el Congreso Nacional anterior eligió a Óscar Fernando Chinchilla y a Daniel Sibrián como Fiscal General y Fiscal Adjunto, respectivamente, en un proceso que vulneró abiertamente el artículo 233 constitucional que manda a que éstos sean escogidos de una lista de 5 personas candidatas presentada por la Junta Proponente", reza el texto.

Recuerdan que "el abogado Chinchilla no se encontraba en dicha lista y su elección fue respaldada por algunos sectores políticos y sociales que hoy se autoproclaman defensores de la democracia y la Constitución, tal como lo denunciamos el 2 de julio de 2018".

Además, la coalición lamenta que la clase política en el Congreso Nacional (CN) no haya logrado consensos para designar de manera permanente a las máximas autoridades del Ministerio Público después del mandato de cinco años de los fiscales anteriores.

Indica que esto ha dejado al MP sin liderazgo, con un fiscal adjunto de facto que ha contribuido a la impunidad y la criminalización de quienes defienden derechos fundamentales.

La CCI también repudia la demostración de fuerza y violencia que marcó el cierre de las sesiones ordinarias del CN el 31 de octubre.

Ante esta situación, la CCI hace un llamado a los actores políticos y sociales del país a cumplir con la legalidad constitucional y evitar maniobras que busquen protección e impunidad a través de la manipulación del MP.

Además, la Coalición Contra la Impunidad subraya que el artículo 208, numeral 11 de la Constitución, otorga a la Comisión Permanente del CN la facultad de elegir interinamente a los fiscales en caso de falta absoluta. Sin embargo, les preocupa que esta situación prolongue indebidamente el interinato de los abogados Jhoel Zelaya y Mario Zelaya, que ocupan los cargos de fiscal general y fiscal adjunto interinos.

La CCI insta a los diputados del Congreso Nacional a dejar de lado sus temores e intereses personales y a sentarse a dialogar para alcanzar consensos dentro de la ley.

Por último, exigen a las nuevas autoridades del MP que, mientras estén en funciones interinas, respeten rigurosamente la legalidad constitucional e internacional. También instan a reactivar el Consejo Ciudadano y a convocar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para elaborar un plan de emergencia que permita evaluar la situación actual del MP.

Elección polémica de fiscales interinos

El 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo y creada el 31 de octubre, juramentó a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto de manera interina. Esta comisión se formó a pesar de que 74 diputados de la oposición extendieron el período de sesiones hasta el 24 de enero de 2024. La oposición argumenta que esta prórroga hacía innecesaria la creación de la comisión permanente.

Los opositores, al conocer el nombramiento de los fiscales, invalidaron estos nombramientos en una nueva sesión. La aprobación de la Comisión Permanente ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, lo que la convierte en ley de acuerdo con la Constitución, a diferencia de las resoluciones de la oposición que no se incorporaron en dicho medio.

El Congreso Nacional estuvo dos meses sin sesiones el 31 de octubre debido a la falta de acuerdos entre las bancadas para elegir a los fiscales del período 2023-2028. Para esta elección se requerían 86 votos, pero ninguna de las dos nóminas propuestas, una de la bancada de Libre y otra de los partidos opositores, obtuvo ese número de votos.