Tegucigalpa. La defensa legal de Rocío Tábora, exsecretaria de Finanzas, ha anunciado su intención de solicitar una revisión de las medidas adoptadas contra su clienta, argumentando preocupaciones sobre su estado de salud.

La exfuncionaria  enfrenta acusaciones de fraude como cooperadora necesaria en la adquisición de siete hospitales móviles destinados a combatir la pandemia del covid-19.

La abogada de Tábora, Karla Romero, destacó que la exfuncionaria ha sufrido de tres enfermedades crónicas, y aunque su situación de salud no es reciente, ha experimentado un deterioro significativo en los últimos tiempos.

Este argumento será presentado para cuestionar las medidas tomadas en la audiencia inicial, donde un juez del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva el pasado lunes.

Tábora, actualmente recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán, fue detenida el 15 de noviembre en la aduana El Guasaule, frontera con Nicaragua.

A pesar de los argumentos de la defensa que sugieren que fue una entrega voluntaria, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal que llevó a su arresto.

La exsecretaria de Finanzas enfrenta cargos junto a otras seis personas en relación con una presunta red de corrupción público-privada.

Según el Ministerio Público, esta red habría adquirido fraudulentamente siete hospitales móviles por un monto total de 47.5 millones de dólares para hacer frente a la pandemia en 2020.