Fuentes en el interior del Poder Judicial y también cercana a la Ufecic señalaron que esa será la petición del Ministerio Público.

Sin embargo todavía es muy temprano para determinar cuál será el rumbo que tome este caso. Fue el miércoles, tan solo un día después de la presentación de la acusación, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó al magistrado Reynaldo Antonio Hernández; mientras que la designación de la Corte de Apelaciones quedó integrada por los magistrados: Rafael Bustillo, Wilfredo Méndez y  Miguel Ángel Valle.

Tanto la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) solicitaron que denominaron Arca Abierta, el arresto de los 21 señalados en la acusación que presentaron ante la CSJ.

De ese total, cinco cuentan con un mismo defensor, se trata del abogado, Dagoberto Aspra, quien manifestó que había introducido ante la CSJ un escrito de ofrecimiento de presentación voluntaria de sus defendidos.

“Hemos presentado un escrito de apersonamiento y ofreciendo el sometimiento al proceso por parte de nuestros representados, en este acto nuestra firma legal representa a todos los diputados menos al diputado de Lempira y a los exdiputados que también han sido señalados en esta línea de investigación”, comentó el abogado Aspra.

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Al tiempo de afirmar que sus defendidos están disponibles para que la justicia pueda citarlos en el momento que así lo requiera.

El caso Arca Abierta involucra en el delito de malversación de caudales públicos a los diputados del Partido Nacional: Juan Carlos Valenzuela Molina y Gustavo Alberto Pérez Cruz, de Lempira; Gladis Aurora López Calderón, de La Paz; Welsy Milena Vásquez López, de Cortés; y Milton Jesús Puerto, de Yoro.

También a los exdiputados; Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

Además, a Gregorio Alberto Gonzales Rivera, quien era el administrador de la Asociación Planeta Verde; organización no gubernamental a la habrían si asignados los 21.1 millones de lempiras y que según la acusación de la Ufecic-Maccih, fueron a para a bolsillos de diputados y particulares.