Ufecic y Maccih denuncian “descombro” al fisco nacional por más de 21 millones de lempiras

Los señalados habrían utilizado una organización de pantalla denominada “Planeta Verde” para sustraer 21.1 millones de lempiras.

La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras(UFECIC-MP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.

Con este caso, la Ufecic presentó pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21.1 millones de lempiras en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde.

El dinero procedía de Casa Presidencial (2 millones de lempiras), del Congreso Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones de lempiras). Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de Diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.

Planeta Verde descombro fisco

El requerimiento fue formulado por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública y fue dirigido en contra de los actuales diputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Blanca Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Milton Jesús Puerto Oseguera.

También figuran los ex diputados: Carlos Alberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez RodrÍguez, 8) Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera, Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

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Además la denuncia de la Maccih-Ufecic menciona a los particulares, algunos son en realidad familiares de los involucrados: Gregorio Alberto González Rivera, Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucia Castro López, Yajaira Lisbeth Talbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.

El argumento de acusación indica que los diputados señalados, en el año 2015 solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social, se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños.

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En el entendido que dichos fondos serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde” (APV).

Dichos fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas.

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 A esta nueva denuncia de actos de corrupción la han denominado “Arca Abierta”, es el octavo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación Fraudulenta del Seguro Social.

El Vocero de la Maccih, Luiz Guimarães Marrey, aseguró que “este caso evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.

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“Los organismos de rendición de cuentas, respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes en Honduras. A Ellos se suma el Tribunal Superior de Cuentas, en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público, desde el año 2017 hasta el 31 de julio de 2018”, citó Guimarães.

Por lo que Guimarães consideró como INDISPENSABLE fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas. “Que permitan un seguimiento y vigilancia, sobre el desempeño de la administración de la administración pública”, recomendó.

A la vez comentó que de no seguir esta recomendación, se continuarán presentando este tipo de casos. Aquí tengo que decir, que si no se cambia el sistema de rendición de cuentas de Honduras, vamos a presentar más de 20 casos, ‘estoy diciendo esto como un ejercicio’, porque si no se cambia el sistema de fiscalización en rendición de cuentas los hechos se van a repetir”, volvió a repetir con énfasis.

 

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Los legisladores acusados son, al parecer, de diversas bancadas políticas del Congreso Nacional.

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