Tegucigalpa. la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) han emitido un comunicado conjunto instando a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, a que investigue a fondo los abusos y violaciones que han desencadenado el conflicto dentro de esta institución estatal.

«Es fundamental que se esclarezcan los hechos que han llevado a la actual situación de protestas en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y que se identifiquen a los responsables», expresaron las organizaciones en su pronunciamiento.

Además, enfatizaron la necesidad de que se tomen las medidas adecuadas para garantizar que estos incidentes no se repitan en el futuro y que aquellos que han cometido delitos sean llevados ante la justicia y no queden impunes.

Según el comunicado, la ministra de Derechos Humanos estaría condicionando un acuerdo para que los empleados retiren las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por abusos de autoridad, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ante esto, las organizaciones insisten en que todas las denuncias deben ser investigadas diligentemente y sometidas a procesos judiciales.

«Todos los actos que violen los derechos humanos deben ser castigados. No por capricho, sino para establecer un precedente de justicia en favor de las víctimas», subrayaron las asociaciones en su comunicado.

Asimismo, exigieron que las víctimas tengan acceso a la justicia y a una reparación moral y económica por los daños causados por el Estado. Este llamado refleja la importancia de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en todas las instancias gubernamentales.

En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca, estas organizaciones hacen un llamado claro a las autoridades pertinentes para que actúen con diligencia y responsabilidad en la investigación y resolución de los conflictos en la SEDH, asegurando que se haga justicia y se restaure la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.