Entre los destituidos figuran altos cargos en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), así como a Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), se informó esta tarde de jueves.

Las motivaciones para tomar la drástica medida se refiere un requerimiento fiscal presentado ante el circuito de juzgados anticorrupción, pero que, sospechosamente, estuvo guardado por mucho tiempo.

En él se involucran altos funcionarios de la administración anterior que se desempeñaron en la Secretaría de Salud y Finanzas, durante la pandemia de COVID-19, específicamente por la compra de hospitales móviles.

El escrito señala que la investigación en la que se invirtieron importantes recursos de la institución, no se había concluido y estaba paralizado, lo que evitó la persecución penal en contra de los exfuncionarios.

Lo anterior, de acuerdo de lo informado, se determinó remover de sus cargos al director y subdirectora de la ATIC, RICARDO CASTRO y KENIA RECONDO, y también al jefe de la FETCCOP, ANTONIO MORALES.

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El fiscal general interino, Johel Zelaya fue claro y tajante en su posición. “Mi política de trabajo va orientada a impulsar sin delaciones y totalmente imparcial todos los casos que se encuentran en impunidad”.

Además, Zelaya instruyó a la Fiscalía para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia, inicie de oficio investigaciones contra personal de algunas unidades y agencias dependientes del MP, que deriven en procedimientos disciplinarios y administrativos en contra de investigadores que permitieron la fuga de las exfuncionarias.

Finalmente, el Fiscal interino creó un equipo multidisciplinario (30 personas) de fiscales, investigadores, peritos financieros para fortalecer la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), que permita agilizar los procesos investigativos que se encuentran paralizados.