Según investigación divulgada por medio internacional INFOBAE, la actual viceministra de Seguridad, Yulissa Villanueva, siempre tuvo la razón al afirmar que la fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía, no se había suicidado, sino que fue víctima de homicidio y que sus propios compañeros de la ATIC, encubrían a los asesinos.

Desgraciadamente para Honduras el tiempo parece dar la razón a la entonces directora del Departamento de Medicina Forense, porque ahora resulta tras ese asesinato hubo ‘MENTES BRILLANTES’, pero con el brazo torcido por monstruos entronizados en el poder.

A la agente fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía la mataron el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Durante meses, el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió esas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado. Un informe de inteligencia policial, en poder de Infobae, revela ahora que los principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen son el ex alcalde narco Alexander Ardón y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández y quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

Un informe reciente de la inteligencia policial hondureña, al que Infobae tuvo acceso, confirma que la muerte de Hernández Mancía fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos a Alexander Ardón. Un alto funcionario del gobierno de Xiomara Castro y un oficial de inteligencia policial confirmaron los contenidos del informe; ambos hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público. Infobae también confirmó los contenidos del informe con un diplomático estadounidense que conoce de cerca la situación política hondureña.

Cuando la mataron, Hernández Mancía tenía 28 años. Meses antes, a inicios de 2018, había sido trasladada de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, a Santa Rosa de Copán, donde fue nombrada jefa de una unidad de investigaciones especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público. La ATIC fue creada en 2014 para investigar “delitos graves y de fuerte impacto social”.

Las investigaciones que emprendió en Santa Rosa de Copán, capital departamental de Copán, en el occidente hondureño, llevaron a la agente fiscal hasta las puertas de la alcaldía de El Paraíso, el pueblo que aún funcionaba como una de las capitales del narcotráfico en la zona fronteriza con Guatemala.

“Chande fue el alcalde a quien Sherill Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos… y él y Tony la mandan a desaparecer”, dijo a Infobae uno de los funcionarios hondureños consultados.

Como se recordará, el asesinato de la agente Hernández Mancía generó controversia pública entre las autoridades del MP y la mujer que dirigía entonces la Dirección Nacional de Medicina Forense, la doctora Julissa Villanueva, quien en la actualidad es la viceministra de seguridad en el gobierno de la Presidente Castro. Por lo que en 2018 fue separada de su cargo al negarse a aceptar la versión de suicidio que defendían funcionarios cercanos a Juan Orlando Hernández, como el todavía fiscal general, Óscar Chinchilla.

Chinchilla, junto a Ricardo Castro, el jefe de la ATIC y a la vez jefe de la agente Hernández Mancía cuando ella fue asesinada, se apresuraron a decir que la mujer se había suicidado.

La doctora Villanueva, amparada en los informes forenses que ella realizó y supervisó, en el estudio de la escena del crimen y en los testimonios de peritos que estuvieron presentes cuando se levantó el cadáver de la agente fiscal en Santa Rosa de Copán, sostuvo siempre su versión.

El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva estableció en su autopsia la causa de la muerte: “Homicidio”, dice en negrita.

“No nos queda ninguna duda; esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”, declaró Villanueva a la prensa una semana después del asesinato. “No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente”.

El nuevo informe de la policía de Honduras, que según un investigador estadounidense consultado ya está en manos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), confirma la versión del asesinato y arroja más dudas sobre la actuación del fiscal general Chinchilla y de Ricardo Castro, el jefe de la ATIC.

El nombre Wilfredo García es importante en la investigación del asesinato de la agente fiscal Sherill Hernández. Él era jefe de la ATIC en San Pedro Sula, y fue jefe directo de Hernández mientras ella estuvo ahí. Ambos fueron parte del equipo que participó en el llamado Caso Avalancha, la investigación más grande que las autoridades hondureñas han hecho a las finanzas de la pandilla MS13 en el país.

García supervisó a Hernández Mancía durante la investigación Avalancha, y fue él quien recomendó trasladar a la agente a Copán para que se hiciera cargo de la ATIC allá. También fue García, según el informe de inteligencia policial que apunta al ex alcalde Alexander Ardón y a Tony Hernández como autores intelectuales del asesinato de la agente, quien esparció la narrativa de que Hernández Mancía se suicidó por problemas económicos.

En un artículo que el periódico estadounidense The New York Times publicó en 2019 sobre feminicidios en Honduras, en el que se aborda el caso de la agente fiscal, se afirma que Wilfredo García estaba casado con la hermana de un pandillero de la MS13 de San Pedro Sula al que la ATIC investiga. Según esta versión Sherill Hernández había empezado a sospechar de su jefe, y esa es la razón por la que fue trasladada a Copán.

Cuando se instaló en Santa Rosa de Copán, la agente Sherill Hernández también empezó a remover aguas turbias y a buscar en huecos que -ella no lo sabía del todo al principio- terminaban conectando con el inmenso laberinto de poder y narcotráfico que, según investigaciones y testimonios recogidos en los procesos judiciales contra Tony y Juan Orlando Hernández, los hermanos construyeron en Honduras entre 2006 y 2019.

Y cuando la agente Hernández Mancía decomisó documentos del exalcalde Alexander “Chande” Ardón en El Paraíso, Copán, estaba tocando a las puertas de la muerte, según el informe de inteligencia policial hondureño. La mujer había importunado al poder que convirtió a Honduras en un narcoestado. Le costó la vida.