TEGUCIGALPA.- En medio de la discusión de la nueva Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones en el Poder Legislativo, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, hizo hincapié en que la intervención de comunicaciones solo puede ser autorizada por un juez competente.

El proceso, explicó el funcionario, implica que la Policía presenta una solicitud al fiscal, quien, a su vez, la eleva ante un juez, siendo este último el encargado de ordenar la intervención.

Según Sánchez, la normativa que actualmente se debate en el Congreso Nacional está respaldada por la Ley de Intervención de las Comunicaciones, vigente en Honduras desde 2012.

Este marco legal establece que, a petición de las unidades especializadas de la Policía Nacional, el Ministerio Público y los tribunales competentes pueden solicitar la intervención de un número telefónico.

No obstante, el proceso debe cumplir con ciertos requisitos, y el contexto de la solicitud debe ser revisado y presentado adecuadamente ante el juez.

El ministro enfatizó que la Policía Nacional no puede realizar intervenciones de comunicaciones sin la autorización de la autoridad competente, ya sea un fiscal o un juez.

Asimismo, aclaró que, si bien la ley contempla la intervención de llamadas, no existe una tecnología específica para intervenir mensajerías en especial.

Además, destacó que las empresas de mensajerías han afirmado que sus servicios son seguros y encriptados, por lo que la Policía Nacional no cuenta con un equipo o software especializado para interceptar estas comunicaciones.

Sánchez mencionó que las solicitudes de intervención se hacen principalmente en casos de delitos de secuestro y extorsión, especialmente cuando la Policía Nacional considera que el delito está en flagrancia y se reúnen las condiciones técnicas y jurídicas para su autorización.

El funcionario concluyó reafirmando que la aprobación de este paquete de medidas tiene como objetivo atender el clamor popular frente a los altos índices de homicidios y extorsiones en el país.