Eso a pesar que la Constitución hondureña solo permite un máximo de 30 años de cárcel para cualquier caso que sea ventilado en las salas judiciales.

En este sentido, el abogado Nazario Luque de la defensa de uno de los ex directivos del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), manifestó que la parte acusadora de este instituto gremial solo califica un delito; sin embargo el Ministerio Público (MP) ha añadido una serie de culpas, que es lo que genera esa solicitud penal que resulta fuera de irrisoria.

“Lo que pasa es que el Ministerio Público lo hace para causar impacto y para tratar de orientar la sentencia”, manifestó Luque.

Citó en particular, que el MP presentó un testigo protegido que a la vez fue partícipe en las acciones de las que acusan a su cliente (el abogado Olvin Mejía) y a su consideración fue participante directo pues era parte de la administración, sin embargo resultó absuelto.

“Y el Ministerio Público no sabemos porque razón no presentó ningún requerimiento contra él”, dijo Luque. Agregó que por ley, el presidente del CAH, tiene que firmar los cheques que se elaboran en el área administrativa, en donde hay un contador, un auditor, un secretario general, un gerente general y a él (a Mejía) solamente lo llaman para firmar.

“En base al principio de confianza a él lo que le toca es firmar lo que le envían las personas que ya revisaron. En el juicio se logró demostrar que había una revisión de todos estos documentos y que a él le llevaban los expedientes solamente para firmar”, aseguró Luque.