Por como está la situación en el país y que  el 2023 está por finalizar, el analista económico Roberto Lagos vaticina que el próximo año Honduras volverá a quedar fuera de la Cuenta del Milenio

San Pedro Sula.- El analista económico Roberto Lagos se refirió en el programa "En La Mira" conducido por el periodista Carlos Martínez, sobre la situación de la corrupción en Honduras y cómo esto afectó la posibilidad de que el país accediera a la Cuenta del Milenio.

Lagos comenzó explicando que el indicador de corrupción es multidimensional, lo que significa que no solo mide la labor del Ejecutivo. A menudo, dijo que se comete el error de asignar la lucha contra la corrupción únicamente al gobierno en turno, cuando en realidad es un indicador del fracaso institucional en distintas ramas del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, alcaldías, policía y militares.

El analista señaló que World Justice Project, una fuente importante para este indicador multidimensional clasifica las instituciones, y el Congreso Nacional es la peor evaluada, seguida por el Ejecutivo y el Judicial. Por otro lado, reveló que los policías y los militares son los mejor evaluados.

En cuanto a la evaluación para acceder a la Cuenta del Milenio, Lagos explicó que ser candidato significa que el país será evaluado, pero ser país elegible significa que ha aprobado indicadores como corrupción, derechos políticos y libertades civiles, entre otros.

Cuestionó la crítica de funcionarios hacia esta evaluación, recordando que también se usó para el gobierno anterior, y en aquel momento "se decía activamente 'que barbaridad no aprobar el indicador de corrupción'".

Respecto al por qué antes le aplaudían sus análisis sobre la administración anterior y ahora se le acusa de decir mentiras, les dice que la descalificación del mensajero en lugar del mensaje es un enfoque equivocado.

Para quienes se incomodan con sus declaraciones, el analista recuerda que él no realiza las evaluaciones, sino que estas son llevadas a cabo por la Cuenta del Milenio con datos del Banco Mundial. Él simplemente revisa técnicamente los análisis y llega a conclusiones basadas en su experiencia.

Lagos también destacó la importancia de la comunicación sobre las reformas y planes que se implementan, mencionando que algunos cambios significativos no se han comunicado adecuadamente, como la eliminación de fideicomisos destinados a combatir la corrupción.

En relación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), Lagos enfatizó que esta podría tener un impacto positivo en el indicador de corrupción, ya que atacaría la corrupción a todos los niveles y en todos los partidos políticos. Sin embargo, señaló que hubo obstáculos, como reformas que favorecieron la impunidad.

"Es decir que el Congreso Nacional en vez de ser el bastión para impulsar la lucha contra la corrupción y que estos índices mejoraran en la lucha contra la corrupción más bien le restó", intervino el periodista en lo que Lagos coincidió y enfatizó que hubo reformas en favor de la impunidad y problemas de comunicación por parte de las autoridades.

En cuanto a la adhesión de Honduras al CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la elección del fiscal general, Lagos indicó que estas decisiones tendrán consecuencias negativas, según señales de actores externos como el gobierno de Estados Unidos. También expresó su preocupación por la polarización política en el país y que desde la llegada de la actual administración hubo falta de un plan de reconciliación nacional.

"Yo confiaba en el gobierno de la presidenta Castro entrara con un plan de reconciliación nacional; no estoy hablando de olvido para los corruptos, no estoy hablando de que se le perdone los pecados a los que fallaron, para nada, que paguen aquellas personas que cometieron actos de corrupción, pero Dios santo, el nivel que tienen de polarización en el país en los dos extremos del péndulo político es lamentable", expresó.

En un documento al que tuvo acceso el programa "En La Mira' y Noticias 24/7 HN, que en el tercer párrafo se refiere a que la mandataria Xiomara Castro tiene un historial anticorrupción mixto. 'En febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó una ley que otorgaba amnistía a los funcionarios que prestaron servicios durante el gobierno de Zelaya, incluidos aquellos que fueron perseguidos o procesados por oponerse al golpe de Estado de 2009 contra Zelaya", reza el texto.

Recuerda que los críticos objetaron la amplitud de la ley, diciendo que perdonaría a quienes estuvieran involucrados en corrupción. Ángel Edmundo Orellana Mercado, quien se desempeñó como ministro de Transparencia en 2022, calificó la ley como un “pacto de impunidad”.

Además, se refiere a la lista Engel, "en julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador, dos congresistas de Libre y un asesor de la presidente Castro fueron incluidos'.

"Desde que asumió el gobierno de Castro, los activistas de Libre también han atacado a los empleados del sector público y han exigido empleos basados en su afiliación partidista", continúa el texto.

Sin embargo, resalta que la administración Castro facilitó la extradición del ex presidente Juan Orlando Hernández, y que en diciembre del año anterior, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas para crear una Misión Internacional contra la Impunidad en Honduras respaldada por la ONU.