San Pedro Sula. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula emitió un histórico Recurso de Amparo el pasado 1 de agosto, en respuesta a una demanda presentada por el abogado Marvin Enrique Mejía en su capacidad personal. Este recurso fue dirigido contra la Dirección General de la Policía Nacional, específicamente contra la Unidad de Delitos en Carretera (UDEP-5) de Puerto Cortés.

El caso se originó a raíz de una resolución emitida por la UDEP-5 el pasado  2 de diciembre de 2022, la cual, según argumenta el abogado Mejía, vulneró las garantías constitucionales al imponer multas a ciudadanos, en este caso, conductores, sin otorgarles la oportunidad de ser escuchados. La acción también se basó en el principio de que nadie puede ser sancionado si no está contemplado en una ley o reglamento.

Se alega que el debido proceso fue violado desde el momento en que se negó al ciudadano su participación y sus derechos en la acción presentada por el agente de tránsito. Además, se le prohibió realizar actividades probatorias para demostrar su inocencia, lo que generó una lesión en la garantía de relaciones justas entre los individuos y la administración pública.

Otro punto relevante es que la ley de tránsito vigente no establece de manera precisa las velocidades máximas y mínimas para circular en diferentes tipos de vías. A pesar de que puede haber información publicada en redes sociales o declaraciones de la autoridad competente sobre las velocidades permitidas, esto ha llevado a una disminución de los derechos y garantías establecidos en la constitución.

Por tal razón, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa y competencia a nivel nacional, ha confirmado la sentencia en Consulta Obligatoria. Esto ratifica la medida tomada y ordena a la autoridad recurrida, en este caso, la Dirección General de la Policía Nacional de Puerto Cortés (UDEP-5), suspender la ejecución de la resolución del 2 de diciembre de 2022 que imponía una multa de 600 lempiras por una presunta infracción a la ley de tránsito.

El hecho que desencadenó esta controversia tuvo lugar el 30 de noviembre de 2022 en Puerto Cortés, cuando un ciudadano, Marvin Enrique Mejía, fue detenido en un retén policial. Un agente de tránsito le acusó de circular a 117 kilómetros por hora según el radar de velocidad, sin mostrarle dicha lectura. Tras imponer una multa y confiscar su licencia, el conductor impugnó la infracción, pero la UDEP-5 denegó su solicitud y le advirtió sobre posibles sanciones futuras.

Este caso plantea importantes cuestiones relacionadas con el debido proceso y los derechos de los conductores en Honduras, lo que ha llevado a una decisión legal histórica por parte del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Apelaciones.