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Fiscales de Honduras rechazan intromisión política y advierten daños irreparables


TEGUCIGALPA. — La Asociación de Fiscales de Honduras reafirmó su firme oposición a cualquier intento de interferencia política en el proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público.

En un comunicado oficial, la asociación enfatizó que tales medidas contravendrían el mandato constitucional otorgado al Congreso Nacional para designar a los líderes de esta importante institución.

El pronunciamiento de la Asociación de Fiscales subraya que cualquier intento de interferencia en el proceso de elección "constituye una clara intromisión política" y advierte que esto podría tener consecuencias "dañinas e irreparables" para la integridad y la legitimidad del Ministerio Público.

Los fiscales también expresaron su preocupación de que estas acciones puedan llevar a que su autoridad y legitimidad sean desconocidas por los miembros del Ministerio Público y otros empleados de la institución.

La asociación recordó que el Ministerio Público es una entidad independiente y apolítica, y exhortó a los líderes políticos del país a buscar acuerdos que permitan la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto sin más demora.

Lamentó que las autoridades actuales del Ministerio Público no hayan concluido su mandato en el tiempo estipulado por la Constitución, a pesar de haber destacado esta necesidad desde el inicio del proceso.

Ante la falta de consenso, los fiscales argumentaron que se debe aplicar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual en su artículo 80 prevé la continuidad de los titulares actuales del Ministerio Público hasta que se elija a los nuevos líderes.

La declaración también señaló que, en caso de que los titulares actuales no deseen continuar en el cargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece un procedimiento de sustitución, en el cual el Director de Fiscales asume el cargo.

Reconoció que esta situación "no es la ideal", pero subrayó que se ajusta a la legalidad vigente en Honduras y debe ser respetada para mantener el Estado de Derecho.

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