Tegucigalpa. Joaquín Mejía, doctor en derecho especializado en derechos humanos, se refirió las implicaciones constitucionales de la renuncia del designado presidencial, Salvador Nasralla, resaltando la importancia de respetar los principios legales fundamentales en el proceso político.

En medio de la controversia suscitada por la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla y su posible participación en el ámbito político, el doctor en derecho Joaquín Mejía brindó una interpretación detallada sobre los aspectos constitucionales que rodean este caso.

En relación a la obligación de la Junta Directiva y el pleno del Congreso Nacional en materia de derechos políticos, Mejía enfatizó la importancia de interpretar conforme al principio pro persona. «El pleno del Legislativo tiene la obligación de interpretar conforme a derecho la renuncia de Nasralla», afirmó el especialista.

Al analizar la renuncia de Nasralla, Mejía destacó la necesidad de que todo análisis se base en disposiciones constitucionales y principios legales fundamentales.

Haciendo referencia al Artículo 239 de la Constitución de la República, el cual establece restricciones para aquellos que hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo, Mejía señaló que «Nasralla no enfrenta ningún impedimento constitucional para postularse como candidato».

El análisis del experto se extendió también a los derechos políticos, resaltando la obligación de la Junta Directiva y el Congreso Nacional de interpretar conforme al principio pro persona. «Cualquier limitación a los derechos políticos de Nasralla debe someterse al test tripartito de legalidad, legitimidad y necesidad», agregó.

Según Mejía, hasta el momento las acciones para limitar la participación política de Salvador Nasralla no han pasado por este test, lo que podría generar la responsabilidad internacional del Estado.

Este análisis subraya la importancia de respetar los principios constitucionales y legales fundamentales en el proceso político, así como garantizar la plena participación de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos.