Además, excita al Congreso Nacional a iniciar, cuanto antes, la discusión para la despenalización de los delitos contra el honor.

C-Libre expresó su condena de lo que catalogó como una instrumentalización gubernamental de un caso juzgado, utilizando un discurso de odio, con una mezcla de la moral y el derecho.

“Rechazamos la violación del principio de independencia por parte del Poder Ejecutivo, que mediante un comunicado emitido por Casa Presidencial el 26 de marzo, anticipó la decisión que el Poder judicial emitió a través del Juzgado de Ejecución de no acatar la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

C-Libre se pregunta, “la condena y captura del periodista David Romero Ellner ¿tiene consecuencia para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión? ___ nuestra respuesta es que sí”, dice en su comunicado.

Conclusión a la que llega por varios motivos, uno de ellos es por “la imprecisión en que están redactados los delitos contra el honor, dejan un amplio margen para calificar cualquier expresión como delito”.

También por “las injerencias políticas impidieron que se le garantizara un debido proceso. Por la calificación de los hechos como un concurso real desmintiendo las sanciones desproporcionadas que realizó el Tribunal de Sentencia al haber condenado por seis delitos y no por un solo delito”.

C-Libre dice que en lo colectivo también acarrearán consecuencias para el ejercicio del periodismo en Honduras. “Porque la inclusión de estos delitos en la Ley Penal y la aplicación de sentencias con penas desproporcionadas, poseen el efecto de intimidación y autocensura sobre la libre libertad de expresión”.

Planteado así, C-Libre formula un pliego de exigencias.

1. Que el Estado de Honduras cumpla con las obligaciones ante el sistema interamericano, tal como lo ha demando en este caso la CIDH y, reconsidere la detención del periodista David Romero.
2. Que la Corte Suprema se pronuncie al más breve plazo sobre el proyecto de ley de la despenalización de los delitos contra el honor.
3. Que el Congreso Nacional someta al Pleno para su aprobación, el proyecto de despenalización de los delitos contra el honor.
4. Que el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh) cumpla su responsabilidad de asegurar a toda la población el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
5.