El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó el informe anual sobre trata de personas, donde midió el progreso de 188 países en la lucha contra este delito y ubica a Honduras en el puesto número dos de las regiones que han presentado un gran avance en la lucha contra la trata de personas en el lapso de 2023 y 2024, según los resultados de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

La clasificación se basó en una evaluación rigurosa de las leyes, políticas y prácticas de cada país en cuatro áreas clave: prevención, persecución, protección y enjuiciamiento.

Cabe destacar que Honduras, por medio de la CICESCT, está solicitando reformas al Código Penal, para aumentar las penas de los delitos de trata de personas, así como la adición de los ciberdelitos.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión contra la Trata, Sua Martínez, expresó que “al encontrarse Honduras en el nivel dos, significa que estamos haciendo todos los esfuerzos y no hemos retrocedido en la lucha y combate contra la trata de personas, a través de las instituciones que trabajan para erradicar dicho delito”.

Agregó que se están  realizando grandes esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, aparte de la atención integral a las víctimas, el trabajo de articulación de todas las instituciones y de prevención”.

Estos resultados son gracias al esfuerzo de todas las instituciones de gobierno, sociedad civil, ONG´s, entre otras, que trabajan de la mano de la CICESCT, ente rector del estado del tema, tomando en cuenta que el país cuenta con pocos recursos económicos y que aún se necesita fortalecer las diferentes instituciones, agregó.

El Departamento de Estado, recomendó a Honduras aumentar los fondos para la protección de víctimas, también sugiere investigar y enjuiciar a los tratantes, incluidos a los funcionarios públicos. Así como incrementar la lucha contra las modalidades de trata laboral, que incluye trabajo forzado, la servidumbre y la esclavitud, y a la vez asegurarse de que en las condenas a los tratantes se les obligue a indemnizar a las víctimas.