Tegucigalpa. El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, y la socióloga Julieta Castellanos, coinciden en que la crisis que atraviesa la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es un asunto jurídico, sino político.

Barrientos expresó que «lo que ocurre en la CSJ es un problema meramente político, no es un problema jurídico; ya que el mismo no se ha resuelto por presiones que vienen desde afuera». Explicó que el conflicto se origina porque la Corte dura siete años y en la Sala de lo Constitucional solo hay cinco magistrados, lo que permite que dos de ellos tengan que repetir como coordinadores.

Según Barrientos, el propósito del cambio es evitar que el magistrado Luis Padilla, perteneciente al Partido Nacional, repita en el cargo de coordinador de la Sala Constitucional. Añadió que «los culpables de la Crisis en la CSJ son la misma oposición, o sea el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque lo han permitido todo».

Por su parte, la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, afirmó que al Partido Libertad y Refundación (Libre) les conviene mantener el conflicto en la Sala de lo Constitucional.

 «A ellos les conviene tenerlos así. He escuchado a la presidenta de la Corte y a otros más que no importa quién tenga el control de la Sala, pero si no importa porque la quieren controlar», cuestionó Castellanos. Además, agregó que «yo creo que todo esto es a propósito».

Estas opiniones resaltan la dimensión política detrás de la situación en la Sala Constitucional de la CSJ y plantean interrogantes sobre las motivaciones y objetivos de los diferentes actores políticos involucrados.