Una comisión de diputados, enviada por el presidente del Congreso nacional para que conocieran el caso del litigio que la Municipalidad de San Pedro Sula tiene con Sulambiente, se reunieron este martes con el alcalde sampedrano, Roberto Contreras, sin embargo, solo es prolongar una agonía, dado que la comuna ya se le ordenó que debe pagar.

En dicha reunión el edil sampedrano entrego un informe a la comisión de diputados en donde se detalla el punto de vista de la Municipalidad en este caso, según lo confirmó el alcalde.

“Nos hemos reunido con la comisión enviada por el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, y hemos brindado un informe al coordinador de esta comisión respecto a lo que es Sulambiente, el abogado y diputado, Netzer Mejía”, dijo Contreras.

“Aquí lo importante es toda la información que llevan ellos y aclarar la verdad sobre este tema tan llevado y traído como son ‘Costos Mayores’, pagados durante la administración pasada y que el Congreso Nacional de la República tiene que dar un dictamen”, agregó.

Confió en que la decisión que tomará el Congreso Nacional será la que beneficie al pueblo sampedrano y que así prevalezca la verdad. “Y que no salga perjudicada la ciudad”.

“Por ahorita lo importante es este primer acercamiento que hemos hecho, para lo cual hemos preparado un folder completo con toda la información a efecto que ellos puedan digerir toda la información y luego nuestra comisión legal va a viajar a Tegucigalpa para darles algunos insumos adicionales que puedan necesitar ellos y puedan dilucidar sobre lo que es Sulambiente y Costos Mayores”.

Detalló que la cantidad total que ‘está en juego’ son 1,041 millones de lempiras y la parte que nos preocupa a nosotros no es que nos está cobrando Sulambiente; es que el Tribunal Superior de CUENTOS sigue tratando de culpar a la ciudad de San Pedro Sula a pagar esos costos, lo cual no es procedente porque Costos Mayores solo son procedentes en contratos de obras públicas no de prestación de servicios”.

Contreras considera que si en definitiva la comuna sampedrana se viera obligada a cumplir con un pago tan enorme significaría la quiebra total de las finanzas municipales. Sin embargo, el caso queda en manos de los diputados de quienes confía que tomen la decisión que es apegada a ley y por tanto a justicia, en especial para el maltratado pueblo sampedrano.