Conaprev – Mecanismo Nacional de Prevención Honduras ante los acontecimientos violentos ocurridos paralelamente en los Centros Penitenciarios de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán; Centro Penitenciario de Tamara, Centro Penitenciario de la Tolva en Moroceli El Paraíso e llama en el departamento de Santa Bárbara, ha emitido un comunicado demandando a la Secretaria de Seguridad el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP) la asignación de personal (de seguridad) por ser la institución del Estado que ostenta la Dirección y Gestión del sistema penitenciario por lo cual tiene la posición de garante el cual le obliga asegurar la vida e integridad de las 19,450 personas privadas de libertad que se encuentran bajo la custodia del Estado.

«Las autoridades de custodia son incapaces de cumplir con su responsabilidad y obligación legal de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, debido a la dificultad de ejercer el control íntegro de las instalaciones frente al tamaño de la población penal», dice el comunicado.

Además, vuelven a recomendar la reingeniería (depuración) del personal y del talento humano de las cárceles hondureñas. Y aseveran, es imperativo realizar la clasificación y ubicación de la población penitenciaria, atendiendo a criterios por condición jurídica, peligrosidad y agresividad y categorías desde un enfoque integral y con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Y concluye haciendo referencia a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución de la República, «las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo».