El gobierno de Honduras ha intensificado su campaña contra las pandillas en respuesta a los recientes estallidos de violencia criminal, pero según un análisis realizado por el portal de investigación Insight Crime, su enfoque limitado pasa por alto las diversas dinámicas de crimen organizado en juego.

La presidenta Xiomara Castro anunció nuevas medidas de seguridad el 22 y 25 de junio, reafirmando el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, con el objetivo de frenar la violencia y extorsión perpetradas por las pandillas en Honduras.

Entre las acciones implementadas, el gobierno delegó la administración de las prisiones a la policía militar e impuso toques de queda en Choloma y San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes después de la capital, Tegucigalpa. Además, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Castro en el Congreso, se comprometió a designar como terroristas a todos los pandilleros.

Estas nuevas medidas fueron una respuesta a dos episodios de violencia masiva atribuidos a las pandillas por la policía. El 24 de junio, hombres armados vestidos de policías asesinaron a 13 personas, incluyendo cuatro sindicalistas de una fábrica en liquidación, en un billar de la ciudad de Choloma. Esta masacre ocurrió días después de la muerte de al menos 46 reclusas en un motín en el único penal femenino del país, el cual tuvo lugar el 20 de junio. Presuntas integrantes de la pandilla Barrio 18 incendiaron el pabellón que albergaba a internas de la banda rival MS13 y dispararon contra otras mujeres, muchas de las cuales no estaban afiliadas a ninguna pandilla.

Según el análisis realizado por Insight Crime, el enfoque decidido del gobierno en las pandillas ataca solo una de las fuentes de violencia causadas por el crimen organizado en Honduras. Ejemplificando esta situación, se destaca que entre el motín carcelario y la masacre en el billar, ocurrió el asesinato selectivo de una posible testigo en una investigación de alto perfil por narcotráfico. El 22 de junio, hombres con uniformes de la policía asesinaron a Ericka Julissa Bandy García, esposa de un presunto narcotraficante señalado de haber trabajado con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente enfrenta cargos de tráfico de narcóticos en Estados Unidos.

Al atribuir exclusivamente a las pandillas la culpa de la violencia en Honduras, el gobierno ignora la participación de otros actores, como las organizaciones narcotraficantes y las redes de corrupción.

El gobierno hondureño parece haberse inspirado en su vecino El Salvador, donde una campaña indiscriminada contra las pandillas ha generado denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero también ha logrado entorpecer significativamente las actividades de las pandillas y mantener la violencia bajo control.

Sin embargo, la aplicación en Honduras de una estrategia de seguridad similar hasta ahora ha fracasado en su intento de controlar el crimen, debido a las diferencias en las dinámicas criminales de ambos países. Jennifer Ávila, directora del portal hondureño de noticias Contracorriente, explicó en una conversación con Insight Crime: «[En Honduras] los carteles de la droga juegan un papel fundamental en el control territorial, en el control de otros crímenes y en la política misma del país. Así que es totalmente simplista copiar la propaganda bukelista [del presidente salvadoreño Nayib Bukele] de la ‘mano dura’ o ‘guerra’ contra las pandillas cuando en Honduras las estructuras criminales son más complejas y diversas».

A pesar del éxito en la reducción del delito en El Salvador, los críticos sostienen que el alto costo económico de esa campaña la hace insostenible, y el hecho de no combinarla con programas dirigidos a resolver las causas de la delincuencia, como la pobreza, podría llevar a un resurgimiento de las estructuras criminales. La imitación de este modelo por parte del gobierno de Honduras podría enfrentar las mismas fallas. Por lo tanto, aunque un refuerzo de las medidas de seguridad pueda tener efectos inmediatos, sus efectos a largo plazo podrían ser limitados.

En conclusión, el análisis de Insight Crime señala que el gobierno de Honduras, al enfocarse exclusivamente en las pandillas como fuente de violencia, pasa por alto la participación de otros actores y dinámicas criminales, como los carteles de la droga y las redes de corrupción. Aunque se haya tomado como ejemplo la estrategia de seguridad de El Salvador, las diferencias entre ambos países hacen que esta estrategia no sea efectiva en Honduras. Los críticos advierten sobre los posibles costos económicos y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la delincuencia para evitar un resurgimiento de las estructuras criminales a largo plazo.