En el marco de combatir la creciente extorsión y mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, la Comisión Ordinaria de Seguridad y Prevención Ciudadana ha emitido un dictamen favorable para la aprobación de la «Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones».

El proyecto de decreto, impulsado por el Poder Ejecutivo y respaldado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, tiene como objetivo regular la venta y activación de tarjetas SIM o CHIPS utilizadas en dispositivos móviles. Actualmente, la falta de regulación ha permitido que estructuras criminales utilicen estas líneas telefónicas de manera impune para cometer actos ilícitos, afectando a diversos sectores de la sociedad.

En este contexto, la Comisión de Dictamen ha llevado a cabo un proceso de socialización con diferentes entidades e instituciones del Estado, así como con empresas de telecomunicaciones involucradas en el rubro, para enriquecer el proyecto y asegurar su eficacia.

El artículo 23 de la «Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones» establece que los operadores y suboperadores de servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas tanto dentro de la misma red como hacia otras redes, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o autoridad judicial.

Lo que se traduciría en que los operadores de justicia podrían escuchar nuestras llamadas, mensajes de texto y de voz enviados a través de las aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram, Signal o Messenger de Meta .

Argumentan que esta medida busca contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia, incluyendo registros de llamadas telefónicas, video llamadas, mensajes de voz, mensajes de texto y registros de ocupación de direcciones IP, entre otros.

La Comisión destaca que la aprobación de esta ley es crucial para proteger los derechos a la seguridad individual y la propiedad de los ciudadanos, a la vez que respalda el Plan de Combate a la Extorsión establecido por el Gobierno para el período 2022-2026. La normativa se alinea con estándares internacionales y nacionales, buscando generar soluciones efectivas y tecnológicas para combatir la criminalidad y mejorar las condiciones económicas y sociales del país.

Tras el dictamen favorable emitido por la Comisión Ordinaria de Seguridad y Prevención Ciudadana, el proyecto de ley será sometido al pleno del Congreso Nacional para su aprobación, reforzando el compromiso del Poder Legislativo en el combate y erradicación del delito de la extorsión y en busca de resultados positivos que respondan a las necesidades de la población hondureña.