TEGUCIGALPA.– La Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD, por sus siglas en inglés), capítulo Honduras, conformada por 147 destacadas científicas del país, entre ellas, María Elena Bottazzi, nominada al Premio Nobel de la Paz, ha recordado al Estado su obligación legal y moral de preservar el patrimonio natural en las Islas del Cisne y evitar ponerlo en riesgo, como parte de los compromisos adquiridos al firmar acuerdos internacionales de protección.

En respuesta al anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, la organización se une a las voces que defienden la protección del Parque Nacional Marino Islas del Cisne. Como científicas comprometidas, expresan su profunda preocupación y hacen un llamado al Gobierno para que considere convertir este archipiélago en un espacio dedicado a la investigación científica, generador de conocimiento útil para la humanidad.

En su pronunciamiento, OWSD-Honduras destaca que el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) ha emitido un contundente dictamen que debe ser tomado en cuenta por el gobierno del país.

Las científicas hondureñas instan al gobierno a detener de inmediato los planes de construcción y llevar a cabo una evaluación rigurosa del impacto ambiental del proyecto, garantizando la participación activa de múltiples sectores.

El pronunciamiento también subraya la necesidad de estudiar la efectividad de modelos de cárceles en islas de otros países, así como la posibilidad de buscar alternativas en regiones de Honduras donde el impacto ambiental no sea tan grave.

Es fundamental realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva, que permita evaluar, predecir y mitigar los posibles efectos positivos o negativos que la construcción de la cárcel pueda tener a corto, mediano y largo plazo. Estas evaluaciones no deben utilizarse simplemente para validar decisiones ya tomadas, sino que deben servir como base para la toma de decisiones informadas y responsables.

Además de los aspectos ambientales, los estudios deben abarcar consideraciones de costo-beneficio, derechos humanos, atención a la salud física y mental de los reclusos, acceso de las familias de los privados de libertad y el manejo de crisis de seguridad, sanitarias y de desastres.

Solo a través de una evaluación independiente, rigurosa y transparente se podrán tomar decisiones responsables que protejan tanto los intereses de seguridad nacional como la integridad del medio ambiente en las Islas del Cisne.