La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció que la Cancillería de ese país renovará la visa que le había cancelado desde octubre.

El anuncio lo dio a conocer el portavoz de la comisión, Matías Ponce, a través de un comunicado que en su parte toral dice: “Deberán presentarse a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de este Ministerio con la documentación correspondiente en relación con la solicitud de visas de cortesía”.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció que la Cancillería de ese país renovará la visa que le había cancelado desde octubre.

El anuncio lo dio a conocer el portavoz de la comisión, Matías Ponce, a través de un comunicado que en su parte toral dice: “Deberán presentarse a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de este Ministerio con la documentación correspondiente en relación con la solicitud de visas de cortesía”.

El personal convocado por la Cancillería incluye a Fernando Washington Dos Santos Oliveira, Luis Fernando Orozco Álvarez, Horacio Roberto Picardo Candía, César Augusto Rincón Sabogal, Fernando Robles Reyes, Roque Marcelo Veliz

López, Yilen Osorio Zuluaga y María Martín Quintana, Coroliano Marcelo Umpierrez Osorio, John Washington Gimenez Robayna y Vicenzo Caruso.

Estos son los once investigadores que tienen bajo su responsabilidad casos de alto impacto de corrupción en Guatemala. Por ejemplo, Orozco Álvarez es el investigador de la trama de corrupción “La Línea” que tiene procesados y en prisión, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Vicenzo Caruso investigó el caso de financiación electoral ilícita del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presentó junto al Ministerio Público (MP) dos solicitudes de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales que fueron archivados por el Congreso.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo a cargo de la jueza Angélica Tellez, resolvió dejar en “suspenso” la petición del Ejecutivo argumentando que “las circunstancias lo hacen aconsejable”.