Tegucigalpa. El Comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Fernando Muñoz, destacó los logros alcanzados en el control de los centros penales hondureños, pero subrayó la necesidad de implementar bloqueos señal de telefonía móvil  para mejorar la seguridad.

Muñoz informó que, a pesar de los avances en la gestión de los centros penitenciarios, aún no se ha logrado el bloqueo efectivo de las comunicaciones. Enfatizó que los reclusos vinculados al crimen organizado cuentan con recursos propios, como médicos, abogados y sistemas de comunicación, lo que subraya la importancia de reforzar el control.

«Estamos trabajando con los recursos disponibles, pero en Honduras aún no contamos con el bloqueo de llamadas, ya que no es nuestra función. Entendemos que se está trabajando para bloquear no solo las llamadas, sino también las señales de wifi y cualquier medio de comunicación», expresó Muñoz.

El coronel indicó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) está involucrada en estas acciones, pero la responsabilidad principal recae en las compañías telefónicas. Destacó que el objetivo es neutralizar cualquier medio que los reclusos puedan utilizar para mantener comunicación externa.

La suspensión de visitas en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, debido al hallazgo de notas extorsivas, también fue abordada por Muñoz. Explicó que se identificaron tales notas en la cárcel de mujeres y en el módulo de máxima seguridad de Támara durante el pasado fin de semana. El coronel expresó su desacuerdo con las críticas de los organismos de derechos humanos respecto a las revisiones a los visitantes.

Muñoz destacó la importancia de proteger a la población y cuestionó la permisividad en los centros de detención. «El pueblo hondureño está trabajando para dar de comer a los reclusos, pero no podemos ser tan permisivos. Cómo es posible que, siendo autoridad y conscientes de los problemas, permitamos ciertas situaciones», cuestionó el coronel.

Cabe recordar que  desde el pasado 26 junio, luego de la revuelta que dejó al menos 46 personas muertas en la cárcel de mujeres de Támara, la PMOP tomó el control de los centros penales de Honduras.