San Pedro Sula.- Una reciente auditoría realizada a la Municipalidad de San Pedro Sula, que dije Roberto Contreras, en cumplimiento del Plan de Auditoría 2022, reveló una serie de deficiencias preocupantes en la gestión de recursos públicos y contrataciones de servicios.

La investigación, que abarcó el período del 2014 al 2022, se centró en los procesos de licitación, contratación y ejecución de servicios como la limpieza vial, manejo de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes, entre otros. Los resultados arrojaron varios puntos críticos que requieren atención inmediata.

Objetivos y Alcance de la Auditoría

Los objetivos generales de la revisión fueron diversos, desde asegurar la correcta inversión de los recursos públicos hasta promover una cultura de probidad y ética pública. Sin embargo, se encontraron fallos significativos en el cumplimiento de contratos, gestión de servicios, y documentación presentada en los procesos.

Se examinaron recursos que ascendieron a mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil noventa y nueve lempiras con setenta y seis centavos (L1,448,772,099.76).

Según el documento al que tuvo acceso Noticias 24/7 HN, la documentación presentada por la Municipalidad durante el período bajo investigación fue insuficiente, con errores y omisiones que levantan dudas sobre su legalidad y objetividad.

Deficiencias y Asuntos Relevantes

Entre los problemas encontrados se destaca la falta de pago de mayores costos establecidos en contratos, lo que genera un riesgo alto de demandas. Además, se identificaron irregularidades en los procesos de contratación que podrían violar la Ley de Contratación del Estado y otras normativas aplicables.
La Municipalidad enfrenta desafíos en el cumplimiento de contratos, la gestión de servicios a la comunidad y la presentación adecuada de documentación en los procesos.

Requerimientos y Acciones Posteriores

Conforme al marco legal, se solicita a la autoridad presentar un Plan de Acción en un plazo de quince días hábiles para ejecutar cada una de las recomendaciones del informe. El cumplimiento de estas recomendaciones es obligatorio y se espera que contribuyan a mejorar la gestión de la institución.

La ejecución del contrato para la prestación de servicios de limpieza vial y manejo de residuos sólidos urbanos en San Pedro Sula se ha convertido en una trama legal y administrativa de más de dos décadas. Todo comenzó en el año 2001, durante la gestión del Alcalde Municipal Roberto Salvador Larios Silva, cuando se inició un proceso de licitación pública internacional auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras un proceso complicado, el consorcio «AGAC y Otros» fue adjudicado para ofrecer estos servicios. Sin embargo, una impugnación por parte del consorcio RESTIUR-EMCE paralizó el proceso de contratación durante la administración de Larios Silva. El siguiente alcalde, Oscar Kilgore, heredó esta situación interrumpida pero logró validar el proceso de licitación en 2002.

Sin embargo, en 2003, la Corporación Municipal anuló todo el proceso de licitación, desencadenando un litigio legal que llevó a la sociedad «SULAMBIENTE S.A.» a demandar a la Municipalidad, exigiendo la firma del contrato y una indemnización de US $6,615,794.00, más costas judiciales. En 2005, la sentencia del Juez de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Municipalidad suscribir el contrato y pagar la indemnización.

La compleja historia de este contrato ha involucrado múltiples litigios, intentos de conciliación y embargos, llevando a una larga disputa legal que ha atravesado diversas administraciones municipales. A lo largo de catorce años, desde el inicio del proceso de adjudicación, se han realizado ajustes para cumplir con los términos del contrato, adaptándose a los cambios económicos del país.

En un esfuerzo por resolver este conflicto, la Municipalidad ha establecido comisiones y equipos de trabajo para revisar aspectos legales, técnicos y financieros relacionados con este contrato tan prolongado. El intento por aclarar y solventar esta situación evidencia la complejidad y los desafíos encontrados en la ejecución de contratos de servicios de gran envergadura como este.