Tegucigalpa. Yina Flores, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales en El Progreso, Yoro, compartió sus reservas sobre la capacidad de la nueva empresa de diálisis que a partir del 15 de diciembre ofrecerá servicios en el sistema público. Sus preocupaciones se centran en el respeto al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que abogaba por una investigación exhaustiva sobre la empresa antes de su operación.

«Preocupa que no se respete el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia a favor de los pacientes renales», afirmó Flores. El fallo de la CSJ exigía investigar a fondo la capacidad operativa, los insumos y el personal de la nueva empresa. Las clínicas que serán afectadas por esta situación se encuentran en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Hospital Escuela y Mario Catarina Rivas.

Flores señaló que el fallo inicial otorgaba un tiempo de prórroga, pero el ministro Manuel Matheu decidió que el servicio comience el 15 de diciembre. Advirtió que cualquier consecuencia negativa que resulte en la pérdida de un paciente recae sobre el ministro de Salud. «Al morir el primer paciente por esa nueva empresa, eso va sobre el ministro Matheu», agregó.

La presidenta de los pacientes renales expresó su preocupación por posibles intereses de personas que son socias de la nueva empresa, la cual se mantiene en el anonimato. En este contexto, instó a la presidenta Xiomara Castro a dialogar con la asociación de pacientes renales para abordar sus inquietudes.

Cabe recordar que la empresa Diálisis de Honduras anunció recientemente la suspensión del tratamiento a los pacientes renales a partir del 15 de diciembre, cumpliendo con una orden judicial emitida por la CSJ que requiere la detención inmediata de la Contratación Directa CD-15-2023 para realizar una investigación más exhaustiva.